San José, 19 ago (elmundo.cr) – La Unión Sindical del MOPT manifestó su oposición al proyecto de Ciudad Gobierno, al que calificó de “encierro gubernamental”.
Los sindicatos señalaron que “nos preocupa sobremanera, la aglomeración edificable y de personas y servicios que se proyecta en un espacio físico reducido e imbuido en una zona carente de condiciones mínimas, tales como las comodidades globales para la comunidad estatal y social que la rodea”.
“Creemos que se provocarían grandes dificultades logísticas en los alrededores a este proyecto e internamente en el mismo, muy especialmente para la enorme cantidad de personas funcionarias públicas que se alojarían en sus edificios y para los ciudadanos ávidos de los servicios que ofrecen las instituciones reubicadas, así como las ya existentes en el entorno de este proyecto, tales como el estadio Escarré y toda la actividad deportiva que se desarrolla en Plaza González Víquez por parte del Comité Cantonal de Deportes de San José, así como desde la terminal de autobuses de la empresa Tracopa”, agregan.
Para los sindicalistas “si bien se obtuvo un “aceptable” diseño arquitectónico y paisajístico en el cual se subdividió la propuesta de proyecto en tres etapas que modelan conceptos de “centro comercial” (en poco espacio, muchas edificaciones) nuestra perspectiva es contraria a esta corriente de estrujamiento físico para solventar cuestiones meramente financieras del gobierno, sin considerar factores humanos elementales”.
“¿Por qué no se buscó crear un tipo de distribución ampliamente espaciada (tenemos los ejemplos de distribución de espacios en zonas francas o el circuito judicial de San José), o de manera tal que las instituciones estén cercanas entre sí y construidas en propiedades del Estado, pero no aglomeradas en un espacio súper urbano reducido y de alta densidad poblacional, de tal manera que se facilite la acción gubernamental y la de otras entidades y se logre el propósito de reducir el gasto en alquileres?”, cuestionan.
De igual forma insisten en que “no hemos conocido cómo organiza el proyecto los sistemas de movilidad y transporte en el espacio público de calles, paseos, plazas y parques”. Además señalan que no conocen un estudio técnico serio y científico de impacto funcional y de seguridad vial en todo el entorno del proyecto ni de reordenamiento vial producto del proyecto que combine la realidad de calles, paseos, plazas y parques para que estén incorporados en la estructura urbana.
“El repoblamiento habitacional (¿cuáles son los estudios que lo comprueban?), lo ponemos en seria duda puesto que no creemos que las personas funcionarias públicas que actualmente laboran en una parte del área metropolitana se vean tentadas a cambiar de vivienda porque las muevan unos kilómetros de sus ubicaciones actuales. En todo caso, si así fuera, estrecharía aún más un sector densamente poblado (y abundantemente sobresaturado)”, criticaron.
Según la Unión Sindical del MOPT “la reactivación económica (mini reactivación, diríamos) en el sector la habrá (en detrimento de otras zonas donde hoy se asientan edificios con personal del servicio público que será reubicado), posiblemente en forma de pequeños negocios ya conocidos: fotocopiadoras, ventas de timbres, ventas ambulantes, algunas “sodas” y poco más. Nada para vanagloriarse, sí para preocuparse por las consecuencias a la salud y al ornato que esto provocaría en un sector ya impactado en este orden actualmente”.
Entre las razones por las que se oponen se encuentran:
- La aglomeración edificable y de personas que se proyecta en un espacio físico reducido e imbuido en una zona carente de comodidades globales para la comunidad estatal y el desmejoramiento previsible de la paz social del entorno.
- Las consecuencias sociales, urbanísticas, de seguridad personal, de alimentación, de movilidad de personas, vehículos y atención de emergencias.
- El elemento de seguridad tanto grupal, individual como perimetral de 8 edificios, 18 ministerios y aproximadamente 16 000 personas funcionarias públicas.
“El proyecto pretende albergar 18 ministerios con su personal en tan solo 3 cuadras, una especie de hacinamiento “modernista” que puede tener fatales consecuencias para el salvamento de personas en casos de terremoto, incendio o amenaza terrorista, entre otras posibles emergencias”, sostienen.
Los sindicatos recalcan que “la zona carece de servicios básicos para la alimentación de las personas funcionarias o de parqueo libre para los cientos de vehículos propios y de visitantes. Una “locura” vial es lo que podría generarse en las calles aledañas a las y dentro de las zonas residenciales próximas (sobre todo hacia el sur) y una proliferación de “tachado” y robo de vehículos parqueados en las calles del entorno”.
“Todo esto conllevaría, sin mayores explicaciones e irremediablemente, al rompimiento de la paz social y la seguridad, ya de por sí afectada, de las comunidades cercanas y a dificultades logísticas para los negocios instalados”, aseguran.
Por otro lado, exigen que se les explique las razones lógicas de movilizar una población institucional (MOPT) de cerca de 1200 trabajadores a instalaciones que aún no se han definido.
Sobre ello les preocupa muchísimo:
- La incertidumbre que se ha generado al emitir o conocerse entre corrillos populares que se deben desalojar los edificios ocupados actualmente en la Sede Central sin tenerse exactitud de la propuesta final y tener todo listo para edificarla y que el tiempo estimado deberá ser antes del mes de setiembre 2023. La Unión Sindical solicita dar a conocer el Plan de Ubicación que se tiene planificado para poder dar paso a las demoliciones de los edificios. Tómese en cuenta que la previsión de ubicación del edificio MOPT no está en el terreno de las actuales instalaciones. Nos parecería entonces, fuera de toda lógica, dar ese paso apresurado y sin sentido en vez de levantar primero el edificio para el MOPT a fin de trasladar este ministerio a la nueva instalación (si se lleva a cabo esta idea de “ciudad gobierno”).
- Es necesario que se tome en cuenta para el eventual traslado de los funcionarios a otras sedes o edificios el tema de los patrimonios institucionales en registro de cada funcionario y, además, que no podrán llevárselo a su nuevo espacio y deben dejarlo en custodia en un lugar seguro, así lo establece la Dirección de Patrimonio y como lo estipula el reglamento, la persona funcionaria debe velar no solo por el buen uso, sino también por el deterioro de este.
- Las condiciones de los nuevos espacios (alquilados o no) en los cuales se pretende ubicar a los funcionarios de la Sede Central deberán contar con las condiciones idóneas, mejores o iguales a las actuales. Inadmisible seria, y no lo permitiríamos, que las nuevas ubicaciones no cumplan con dicho requisito.
- El tema tecnológico preocupa y mucho. Antes de reubicar a nuestra gente MOPT se debe contar con un Plan de Contingencia para la conectividad (¿cuál es este?). Si regresar a la normalidad superada la pandemia por Covid 19 y el ciberataque que sufrimos ha costado, no podemos imaginamos lo que sucederá trasladando todos los sistemas a otras sedes.
- De igual manera se debe contar con una hoja de ruta debidamente informada sobre las acciones que se generarán para el traslado de las personas funcionarias a las nuevas ubicaciones. Esto por cuanto a la fecha se desconoce dónde se ubicarán estas personas lo que puede afectar la comunicación interna de las actividades y competencias que tienen asignadas en detrimento de la atención de sus funciones y de los usuarios de nuestro ministerio.
Para los sindicalistas “Ciudad Gobierno no es ni más ni menos que un encierro gubernamental en 3 cuadras, por ejemplo, en caso de cualquier protesta pública. Hoy se afecta solo el MOPT en el sitio de las posibles obras, con “Ciudad Gobierno” se encierra a 18 instituciones y a todo el posible comercio que se instale dentro de su perímetro. La concentración masiva de instituciones del Estado es una idea imprudente y desmesurada”.
“La Unión Sindical del MOPT llama a que seriamente se replantee la idea o se descarte en su totalidad, además de que si se mantiene la intención debe ser socializada con todos los actores involucrados. De la forma esbozada nos declaramos en total desacuerdo. Es un llamado también para las demás organizaciones laborales de las instituciones públicas involucradas para que se manifiesten sobre el particular”, concluyen.
