San José, 09 oct (elmundo.cr)-Los representantes de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) impulsan y buscan apoyo para aprobar en segundo debate el Proyecto de Ley 18 001 que se encuentra actualmente en la agenda de la Asamblea Legislativa.
El proyecto denominado “Primera Ley Especial para la transferencia de competencias: Atención plena y exclusiva de la red vial cantonal” obedece a una iniciativa para transferir más recursos y competencias a los gobiernos locales en beneficio de las necesidades de los caminos cantonales.
Según comentaron ambas entidades, actualmente existe un consenso entre las partes involucradas, que están a la espera de la decisión de los diputados para que sesionen en favor o en contra de esta Ley.
“Efectivamente, al menos de parte de la Asociación de Alcaldes que representan los 81 alcaldes del país, y los grupos sindicales del MOPT, que son 5, sí hubo un acuerdo, faltaba una tercera parte para ponerse de acuerdo, que era el Poder Ejecutivo, pero tenemos que tomar en cuenta que en este momento la decisión de aprobar o no el Proyecto de Ley no recae sobre el Ejecutivo, recae sobre el Poder Legislativo” comentó Jonathan Espinoza, Presidente Ejecutivo de (ANAI).
Para Rolando Rodríguez, Presidente de la UNGL, la calidad de los caminos cantonales no es la adecuada y “no es justo que se estén achacando las culpas a las municipalidades o a los alcaldes en la mayoría de los casos, precisamente porque el Gobierno Central de la República nos da a nosotros las municipalidades el 0.5% del Presupuesto para poder atenderlas”.
Días anteriores, este Proyecto de Ley generó diferencias entre las partes hoy consensuadas debido al transitorio IV que establece que “dentro del plazo de nueve meses contando a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el MOPT deberá establecer los cambios a su estructura orgánica que sean acordes con la reducción competencial que para dicha cartera se establece en la presente ley. En virtud de lo anterior, queda autorizado para cesar y trasladar personal, ya sea a lo interno, hacia las municipalidades, o hacia federaciones o confederaciones municipales, respetando el marco jurídico aplicable y los derechos laborales de los funcionarios afectados”.
En su efecto, la discusión entre las partes llevó a un compromiso del ANAI y la UNGL con los sindicatos del (MOPT) para presentar una moción paralela al proceso actual que tienen el proyecto en la Asamblea Legislativa para que elimine este transitorio que, de acuerdo con los sindicatos, representa un peligro para los trabajadores, quienes aseguraron en su momento, que dejaría sin trabajo a 1300 empleados.
“Nunca fue el espíritu del proyecto de ley que se autorizara a cesar funcionarios, sino más bien en invertir en obra pública, por lo que los alcaldes después de la aprobación de este proyecto, se comprometieran en conjunto con los diputados en impulsar un proyecto de ley que elimine el transitorio IV, pero para eso necesitamos que se voto el proyecto de ley, para que le asignen un número de ley y a partir de ahí presentar un proyecto de forma inmediata” expresó Espinoza con respecto al tema que anteriormente generó disgustos.
Para Rodríguez, este tema del transitorio IV “no es algo que le incumba a las municipalidades” pues para la UNGL, su único interés radica en la obtención de más recursos económicos para darle mantenimiento, arreglo y solución a muchas de las carencias en la red vial cantonal.
“Si los señores diputados pueden llegar a negociaciones con los sindicatos nosotros los aplaudimos” añadió Rodríquez.
Como respuesta a la consulta de que si las municipalidades tienen la capacidad de sumir el reto de invertir todo el dinero, Rodríguez puntualiazó “la Contraloría General de la República en esus informes ha dicho que las municipalidades ejecutan en un 93% los recursos de la Ley 8114, por consiguiente sí lo estamos haciendo y sí lo haremos”.
