San José, 30 jun (elmundo.cr) – La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) anunció un paro nacional en el Hospital San Carlos, programado para este martes 1 de julio, en protesta por el “caos operativo” generado tras la implementación del sistema informático ERP-SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Durante una jornada de motivación y concientización realizada este lunes, UNDECA denunció que el mal funcionamiento del ERP-SAP ha provocado graves disrupciones en áreas críticas como Farmacia, Lavandería, Mantenimiento, Bienes y Servicios, y Proveeduría. Según el sindicato, los problemas afectan procesos esenciales como la facturación, la distribución de medicamentos y el manejo de inventarios, comprometiendo la continuidad de la atención hospitalaria.
La organización sindical también alertó sobre el riesgo inminente para los hospitales si se suspende el suministro de gas LP, insumo fundamental para la esterilización, lavandería, nutrición y producción de gases médicos. La empresa Blue Flame notificó a la CCSS la suspensión del servicio debido a una deuda acumulada de más de ₡51 millones, situación que, según UNDECA, “pondría en riesgo la vida de los pacientes al paralizar funciones esenciales hospitalarias”.
UNDECA exige a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS una respuesta inmediata y la apertura de un diálogo este martes, como se solicita en el oficio SG-590-2025 firmado por el Secretario General, Luis Chavarría. La acción en San Carlos fue liderada por Ronald Quesada Zamora, en representación de UNDECA, como parte de la preparación del movimiento nacional que busca <<defender la salud pública y los derechos de las personas trabajadoras>>.
El sindicato ha reiterado que la implementación del ERP-SAP ha generado “desabastecimiento, retrasos en la entrega de medicamentos, inconsistencias en inventarios y fallas en la gestión de pedidos”, así como una crisis de pagos a proveedores que amenaza con la interrupción de servicios esenciales. UNDECA responsabiliza a la administración de la CCSS por mantener la operación de un sistema que, según sus denuncias, “pone en peligro la vida de miles de personas” y vulnera el derecho constitucional a la salud pública.
