San José, 7 ago (elmundo.cr)- Esta semana el trabajo legislativo continuó, centrado en proyectos que urgen para hacer frente a la pandemia de COVID-19, la cual ha dejado 200 muertos en el país.
Aunque existen fuertes críticas por parte de los diputados en cuanto a la gestión del Poder Ejecutivo, sobre el tema económico, finalmente se ha llegado a un consenso que permite avanzar en iniciativas a favor de sectores.
No podemos negar que los congresistas han estado muy proactivos en los últimos 5 meses, desde que el 6 de marzo el país anunciara sus primeros casos de coronavirus.
Haciendo un balance de la presente semana, este lunes 3 de agosto le correspondió apersonarse ante el Plenario al ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien fue requerido para entregar el informe trimestral sobre la aplicación de la regla fiscal a la fecha, sin embargo, habló sobre la presente crisis económica y sanitaria, y también se le vio con dudas respecto al tren eléctrico, centro de polémicas en los últimos días.
Villegas reconoció que el gobierno no descarta la creación de nuevos impuestos, ni del IVA, aunque este se encuentra al final de la lista.
Varios sectores populares se quejan de este amago, pues la pandemia de COVID-19 ha reducido notablemente los ingresos, y en el peor de los casos, dejado a cientos de miles desempleados.
La Encuesta Continua de Empleo del segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), reveló que la tasa de desempleo fue de 24,0%, lo que significó un aumento de 12,1 p.p., al compararla con el segundo trimestre de 2019.
“El ministro no explica acciones del plan, no se tiene estimación de ahorro de gasto ni plazo de ejecución, es una lista de objetivos sin metas concretas”, sentenció el diputado del Frente Amplio, José María Villalta ese día.
Fortalecer la Cruz Roja en tiempos de crisis
En el segundo día legislativo el proyecto más importante aprobado fue la Modificación a la “Ley de creación de la contribución parafiscal al servicio de la telefonía móvil, y convencional, prepago, pospago, o cualquier otra modalidad de telefonía destinada al financiamiento de la Asociación Cruz Roja Costarricense”.
Esta iniciativa, votada con 43 votos, crea la contribución parafiscal, pagadera por toda persona física o jurídica propietaria de un servicio de telecomunicaciones, entendidos estos como los servicios de telefonía móvil en cualquier modalidad de pago, telefonía tradicional, telefonía, internet (fijo y móvil), y líneas dedicadas.
La contribución será del uno por ciento (1%) sobre la facturación mensual que pagó el usuario por los servicios de telecomunicaciones disponibles al público.
Asimismo se establece que serán agentes retenedores y perceptores de la contribución parafiscal los entes que presten servicios de telecomunicaciones, estos incluirán en la facturación mensual de todos sus abonados y usuarios el monto correspondiente.
La diputada Yorleni León, del PLN, explicó que la Cruz Roja siempre ha estado a la par de todos los costarricenses, es por ello que votó afirmativamente el proyecto que permitirá ampliar la base del impuesto de tipo parafiscal que recibe esta institución, pues es un mecanismo para mejorar las finanzas de la institución que últimamente han venido en detrimento.
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Además el martes se dictaminó afirmativamente el expediente 22.018 que autoriza al gobierno un crédito de 504 millones de dólares por medio del instrumento de financiamiento rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, por el tipo de cambio el monto ya llega a los 515 millones de dólares, los cuales serán entregados en un solo tracto.
Antes de aprobarlo los legisladores votaron una moción que obliga a girar al menos un 10% de los recursos a la Caja de Seguro Social para amortizar parte de la deuda que el Estado tiene con esa institución.
La presidenta de la Comisión, Silvia Hernández Sánchez, explicó que la moción aprobada deja claro que los recursos son para cambiar deuda cara por deuda más barata.
Presente en la Comisión de Hacendarios, la titular de Planificación, Pilar Garrido, dijo que con su aprobación se permite al país tener acceso a otros dos instrumentos crediticios: con el BID por 250 millones de dólares y un financiamiento adicional con el Banco Mundial por 300 millones de dólares.
Según afirmó el préstamo no conlleva una condicionalidad pues se otorga por la ruta de consolidación fiscal que el país ha venido desarrollando y abre acceso a otros instrumentos con el FMI.
Ahora dicho proyecto deberá pasar por el Plenario Legislativo y contar con mayoría para su aprobación.
Legisladores no olvidan caso UPAD
Este miércoles, aunque no hubo gran ajetreo en cuanto trámite de proyectos, los diputados recibieron en audiencia al director Ejecutivo de Sinirube, Erickson Álvarez Calengo, para hablar sobre el polémico caso UPAD.
Según señaló Álvarez Calengo, el ex ministro de la Presidencia Rodolfo Piza fue la persona que solicitó el 17 de setiembre del 2018 el convenio de Casa Presidencial con el Sinirube, mismo que se firmó el 19 de marzo del 2019 y sigue vigente.
“Es responsabilidad de Casa Presidencial velar porque se cumpla con los protocolos de seguridad que indica la ley de protección de datos Sinirube no tiene capacidad operativa para hacer auditorias en todas las instituciones”, aseguró.
Además, el funcionario aseguró que los documentos enviados al Ministerio de la Presidencia contenían datos sensibles de los ciudadanos, pues estas bases de datos no fueron anonimizadas.
Aunque de salida, ministro de Ambiente tendrá que comparecer
El jueves 6 de agosto, 40 diputados acordaron llamar a comparecer ante el Plenario, al ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, para que se refiera al tema de la minería en la zona de San Carlos y los problemas ambientales en Crucitas.
Rodríguez dejará el gabinete de Carlos Alvarado para asumir un cargo como director General y Presidente del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.
El jerarca debe referirse a las acciones realizadas por el Minae en torno a la minería ilegal en Crucitas de San Carlos, finca Vivoyet y terrenos aledaños
Cabe recordar que la presidenta del Colegio de Geólogos, Marlene Salazar le envió, en el mes de julio, una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado donde le solicita que el nuevo ministro de Ambiente promueva la minería sostenible, principalmente en la zona de Crucitas.
Mientras que la diputada de la Unidad Social Cristiana, María Inés Solís, presentó el proyecto “Ley para el aprovechamiento rural de los minerales metálicos en Costa Rica”, que permitiría la minería a cielo abierto en el país.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Colegio de Geólogos de Costa Rica, que ha aportado la parte técnica.
