Heredia, 14 may (elmundo.cr) – El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) manifestó su respaldo a la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional que frenó la corta de más de 700 árboles en Playa Panamá, Guanacaste, subrayando la importancia de la gobernanza forestal y la calidad de las decisiones públicas.
A través de un pronunciamiento oficial, la institución académica señaló que la discusión sobre este proyecto turístico no debe reducirse a una contradicción entre ambiente y producción, sino entenderse como un debate sobre la rigurosidad técnica y el respeto al Estado de Derecho.
“Este no es un debate entre ambiente y desarrollo; es un debate sobre la calidad de las decisiones públicas en Costa Rica. Cuando se debilita el criterio técnico especializado, se debilita el Estado de Derecho”, afirmó el Consejo Universitario.
La UNA enfatizó que el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano, exige que cualquier intervención en los recursos forestales se realice bajo criterios de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad.
En este sentido, la universidad respaldó la medida cautelar como un instrumento de “prudencia institucional” ante el riesgo de daños ambientales irreversibles.
Llamado a la revisión técnica
La casa de enseñanza instó a las autoridades competentes a realizar una revisión integral de los permisos, inventarios forestales, estudios de impacto y criterios de clasificación de la cobertura arbórea utilizados para autorizar la intervención en la zona.
“La pregunta central no es política ni emocional: es técnica. Clasificar incorrectamente un ecosistema puede conducir a decisiones irreversibles”, advirtió el órgano universitario, insistiendo en la necesidad de diferenciar entre bosques primarios, secundarios, árboles aislados o plantaciones forestales antes de emitir cualquier aval.
Finalmente, la UNA hizo un llamado a evitar la polarización en el debate ambiental y a fortalecer la gobernanza forestal, asegurando que el país debe apostar por decisiones basadas en la ciencia, la trazabilidad y el cumplimiento estricto de la normativa vigente, evitando que la presión mediática o las simplificaciones guíen el futuro del patrimonio natural costarricense.
La medida cautelar, dictada por el magistrado Fernando Cruz en abril pasado, mantiene actualmente en pausa los permisos de tala y construcción en el Polo Turístico Golfo de Papagayo mientras se resuelve el fondo de la acción de inconstitucionalidad presentada contra la normativa que regula los desarrollos en esa zona.
