San José, 19 nov (elmundo.cr) – El diputado liberacionista Daniel Ulate celebró la aprobación del expediente 20.961, Ley Contra la Adulteración, Imitación y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico.
Ulate es uno de los proponentes del proyecto y aseguró que “fue un proceso de casi dos años, no fue sencillo, pero esta tarde se aprobó en primer debate el proyecto de ley que dará herramientas al Ministerio de Hacienda para luchar contra la evasión y elusión con contrabando de licor, pero sobre todo un instrumento para alertar a la población sobre bebidas con contenido alcohólico adulterado que ya ha cobrado la vida de muchos costarricenses”.
El diputado señaló que “los meses en esta curul me han enseñado varias cosas, una de ellas es que cuando surge oposición empecinada de ciertos medios y sectores a un proyecto de ley como este, es porque, definitivamente, algo estamos haciendo bien”.
Además, explicó que “la administración tendrá información exacta sobre la producción, mejorará sus recaudaciones y evitará el ingreso de producto de contrabando. Mientras que la ciudadanía conocerá de primera mano si un licor es adulterado o si entró ilegalmente al país”.
“En Costa Rica incentivamos la cultura del contrabando de licor y esta es una problemática a nivel de las finanzas públicas del Estado, así como para la salud de las personas que adquieren este tipo de productos y el gobierno no hace por donde solucionarlo, por eso he realizado esta propuesta con el apoyo de algunos compañeros diputados, la cual pretende acabar con esa alcahuetería para quienes fomentan ese ilícito y nefasto negocio”, recalcó Ulate.
Sobre el proyecto
El proyecto tiene como objetivo la prohibición de la adulteración y la imitación del licor y de bebidas con contenido alcohólico, así como su contrabando.
Además, señala que «la autoridad competente para determinar la adulteración, la imitación, la fabricación clandestina o el contrabando es la Policía de Control Fiscal, que deberá decomisar el producto adulterado, de imitación o contrabandeado».
De igual manera, «todas las autoridades públicas estarán en la obligación de denunciar ante la Policía de Control Fiscal, la Policía Municipal o los Inspectores Municipales, los casos de adulteración, imitación, fabricación clandestina o contrabando de bebidas con contenido alcohólico».
