UCR señala falacias del proyecto que pretende regular el FEES

San José, 25 ene (elmundo.cr) – El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), rechazó de manera categórica el proyecto de ley que pretende regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el cual analiza la Asamblea Legislativa bajo el expediente 23.380.

Además «le solicitó a la Comisión Especial de Educación, que analiza ese proyecto, una audiencia para profundizar sobre aspectos que considera fundamentales en relación con esa iniciativa».

Según la UCR «el proyecto de ley pretende replantear la autonomía de las universidades públicas y otorgar potestades regulatorias al Poder Ejecutivo sobre la educación superior estatal, también crea lo que denomina un Fondo Especial para la Educación Superior Estatal, así como un Consejo promotor, fiscalizador y evaluador de los resultados del financiamiento. Además, establece limitaciones al uso de dicho Fondo, así como criterios de distribución entre las instituciones y la posibilidad de trasladar recursos excedentes a la caja única del Estado».

Para el órgano colegiado «esta propuesta no solo es inconstitucional, sino que está basada en falacias argumentativas que le restan razonabilidad al texto. En este sentido, destacó cuatro razones fundamentales por las cuales contraviene la Constitución Política de la República de Costa Rica».

La primera de ellas es que pervierte el mecanismo de financiamiento de las universidades estatales establecido por el artículo 85 de la Carta Magna, en el tanto hace que el Poder Ejecutivo adquiera potestades que son consustanciales a los órganos propios de las universidades estatales.

Asimismo, «usurpa competencias de los órganos existentes de coordinación de la educación superior, a la vez que somete la planificación y el presupuesto universitario a control del Poder Ejecutivo», afirmaron.

Por otra parte, «restringe la independencia administrativa, impone fines específicos a las universidades estatales y presenta vacíos fundamentales que obligan a desarrollar un instrumento jurídico de rango inferior para las disposiciones previstas en el articulado, lo cual deviene en una clara inseguridad jurídica y sometimiento al control por parte de las autoridades de los gobiernos de turno», destacaron.

Ante esto la Casa de Estudios Superiores señaló una serie de falacias dentro del mismo:

El órgano advirtió «el peligro del proyecto con respecto a la institucionalidad (específicamente de las autonomías universitarias) que resguarda el derecho a la educación superior pública de excelencia, mediante los artículos 84 y 85 de la Constitución Política».

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