San José, 03 may (elmundo.cr) – El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado “Ley para la recuperación sostenible de Crucitas y la creación del polo de desarrollo de la Región Huetar Norte de Costa Rica” (Expediente n.° 24.675), debido a la falta de fundamentos técnicos sólidos.
La decisión se tomó tras un análisis exhaustivo de la propuesta, donde se identificaron diversas limitaciones y preocupaciones.
El proyecto de ley, que busca la recuperación ambiental de la zona de Crucitas y la creación de un polo de desarrollo en la Región Huetar Norte, fue objeto de estudio por varias unidades académicas de la UCR.
Tras este análisis, la Dirección del Consejo Universitario presentó una propuesta de acuerdo que fue aprobada por unanimidad, con ocho votos a favor y ninguna abstención.
Según el análisis de la UCR, el proyecto carece de una “fundamentación técnica sólida” y presenta limitaciones en su planteamiento estratégico. Además, se critica que se sustenta en una lógica de “capitalismo verde” que se considera insuficiente para enfrentar los retos estructurales de la explotación ilegal de los bienes naturales.
El Lic. William Méndez Garita, miembro del Consejo Universitario, fue enfático al señalar que “no existen estudios serios que respalden nada de lo que el proyecto de ley está proponiendo”.
“Es tan poco serio como lo son otros proyectos de ley que han estado en la corriente legislativa y a los cuales la UCR ha tenido que decir: No, no señores, no podemos ir por ese camino”, aseguró.
El Mag. Hugo Amores Vargas, por su parte, expresó su rechazo total al proyecto, calificándolo de “no fundamentado, no técnico”.
La UCR también manifestó preocupación por la ausencia de un diagnóstico ambiental basado en datos científicos, la falta de delimitación adecuada del área impactada por la minería ilegal y la posibilidad de que el proyecto legitime actividades extractivas ilegales.
En el acuerdo final, la UCR comunicará a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley hasta que se incorporen las observaciones realizadas en el análisis. La institución académica se mantiene en la disposición de colaborar con expertos para aportar en este proyecto de ley.
