San José, 27 oct (elmundo.cr) – El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto de ley n.º 25.125, el cual propone reformar el Código Procesal Civil para limitar el uso de embargos preventivos contra personas que ejercen su libertad de expresión en temas ambientales.
La recomendación, formalizada mediante el acuerdo CU-100-2026, sostiene que los embargos preventivos son utilizados frecuentemente como “mecanismos de presión económica e intimidación” contra activistas, periodistas y comunidades que participan en el debate público sobre el medio ambiente.
El proyecto, que busca reformar el artículo 86.1 del Código Procesal Civil, pretende impedir que se decreten medidas cautelares cuando los reclamos judiciales se originen en el ejercicio de la libertad de expresión y la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.
Antecedentes y riesgos
El Programa de Libertad de Expresión y Acceso a la Información (PROLEDI) de la UCR advirtió que esta iniciativa responde a una preocupación internacional sobre las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP (por sus siglas en inglés). Estos litigios buscan “intimidar, silenciar o desgastar” a defensores de derechos humanos mediante procesos prolongados y costos económicos elevados.
Por su parte, el Programa Kioscos Socioambientales destacó el impacto desproporcionado de estas medidas, señalando que la “congelación de cuentas, salarios o bienes inmuebles puede comprometer la estabilidad económica” de los demandados antes de que exista una sentencia firme, generando un efecto disuasorio en la sociedad.
El análisis universitario recordó que existe un historial documentado de criminalización. Según el estudio Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica, se han registrado al menos 18 demandas individuales y siete colectivas contra más de 36 activistas en el país.
Observaciones técnicas
Aunque la UCR respalda la aprobación del expediente, el Consejo Universitario sugirió introducir ajustes técnicos para fortalecer la claridad de la norma. Entre las recomendaciones destacan:
- Establecer criterios objetivos: Definir con precisión cuándo corresponde aplicar la excepción al embargo preventivo para brindar mayor seguridad jurídica.
- Alcance de la protección: El PROLEDI sugirió que la protección a la libertad de expresión no debería limitarse exclusivamente a asuntos ambientales, sino abarcar otras materias de relevancia pública.
- Mejora en la redacción: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR respaldó la reforma, pero instó a ajustar el texto para facilitar su aplicación procesal.
El acuerdo será comunicado a la Asamblea Legislativa para que sea considerado en el trámite legislativo del expediente n.º 25.125.
