San José, 14 nov (elmundo.cr) – La Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto denominado Ley para el Fortalecimiento de las Sedes Regionales del Sistema Universitario Estatal (expediente n.° 25.847).
Esta iniciativa pretende obligar a las universidades estatales a destinar sus superávits al financiamiento de las sedes regionales, limitando su facultad de administrar y ejecutar los recursos de acuerdo con sus planes estratégicos y prioridades institucionales, una potestad garantizada por la Constitución Política de la República de Costa Rica.
Además, consideró que el proyecto carece de rigor técnico y podría comprometer la estabilidad financiera de las propias sedes regionales que afirma fortalecer.
El proyecto de ley que fue analizado por el Consejo Universitario con el apoyo de la Oficina Jurídica, la Vicerrectoría de Administración y el Consejo de Sedes Regionales, propone utilizar los superávits no ejecutados de las universidades públicas para financiar el funcionamiento de las sedes regionales.
Sin embargo, la Casa de estudios considera que la medida parte de una premisa errónea: asumir que esos recursos están disponibles, cuando en realidad respaldan compromisos adquiridos, contrataciones en curso y proyectos plurianuales, tal y como se demuestra en el presupuesto institucional.
El Órgano Colegiado señaló también que la regionalización necesita recursos estables, suficientes y previsibles, condiciones incompatibles con los remanentes presupuestarios, cuya disponibilidad es extraordinaria y fluctúa cada año.
Además, advirtió que la propuesta debilita la visión solidaria del desarrollo regional, fomenta una competencia entre campus y propicia la precarización laboral del personal docente y administrativo, Asimismo, podría afectar las becas, las ayudas estudiantiles y la calidad académica.
La UCR también aclaró que, contrario a lo que indica la exposición de motivos del proyecto, la Institución ha impulsado históricamente el desarrollo regional con recursos propios. Como muestra de ello, para 2026, el programa de Desarrollo Regional cuenta con un presupuesto de ₡59 874,26 millones.
Finalmente, el Consejo Universitario reiteró el compromiso con el fortalecimiento de sus sedes y recintos regionales, y puso a disposición de las diputaciones el criterio técnico de sus personas expertas para construir alternativas que impulsen la educación superior en los territorios, sin vulnerar el marco constitucional.
