San José, 18 set (elmundo.cr)-La Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó preocupación por el veto presidencial a la ley que aseguraba recursos a las sedes y recintos.
Este martes, el presidente de la República Carlos Alvarado, vetó la ley 9732, que reformaba el artículo 24, Asignación Presupuestaria, del Título IV, Responsabilidad Fiscal de la República de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El objetivo inicial de esta ley era asegurar los ingresos económicos de las sedes y recintos de las universidades estatales por medio de destinos específicos que habían sido derogados con la entrada en vigencia de la reforma fiscal.
Desde hace varios meses, las autoridades de la Universidad de Costa Rica, preocupadas por el impacto que pudiera tener la eliminación de estos recursos, especialmente en la sostenibilidad del Recinto de Paraíso, mantuvieron reuniones con diversas fracciones legislativas y logró consensuar el apoyo para que se aprobara la ley que fue vetada.
El Ejecutivo informó que el veto se debe a que la redacción final aprobada por los diputados podría provocar futuras discusiones sobre la vigencia de la derogatoria de todos los destinos específicos establecida en la Ley 9635. Asimismo, envió a la Asamblea Legislativa una nueva propuesta que solventa el problema para que sea valorada por los legisladores.
Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración hizo un llamado a la comunidad universitaria y en especial a la del Recinto de Paraíso para volver a la Asamblea Legislativa, a las barras y a conversar con las distintas fracciones para finalmente garantizar estos recursos.
La nueva propuesta debe ahora regresar a la comisión legislativa que la dictaminó para que acepte o rechace los cambios.
Araya explicó que “el nuevo texto no generaría perjuicio a las universidades públicas, pero estaremos vigilantes de que así sea y que la situación actual solo sea un revés en esta lucha”.
Las universidades públicas reciben más de 8 mil millones de colones anuales por concepto de destinos específicos que se invierten en el programa de regionalización.
