San José, 29 jul (elmundo.cr) – El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su “profunda preocupación” y su “firme rechazo” a las declaraciones emitidas durante el acto oficial del Gobierno realizado el pasado 25 de julio en Nicoya, donde se planteó ante el público la posibilidad de una dictadura y el cierre del Poder Judicial.
Mediante un pronunciamiento oficial, el órgano universitario señaló que, en una democracia consolidada como la costarricense, este tipo de expresiones no pueden interpretarse como una simple provocación o un recurso retórico.
“Al provenir de una autoridad del Estado adquieren una responsabilidad excepcional, porque traspasan los límites de lo que una sociedad considera aceptable en su convivencia e historia democrática”, indicó el Consejo.
La UCR recordó que la Constitución Política establece la división e independencia de poderes como pilares fundamentales del sistema democrático costarricense y enfatizó que “la democracia costarricense no admite la concentración del poder, ni la subversión de los controles institucionales que garantizan las libertades de la ciudadanía”.
Asimismo, el Consejo Universitario sostuvo que las dictaduras no representan una solución a los problemas nacionales.
“De ninguna manera las dictaduras representan una alternativa política hacia la libertad. No se ataca la corrupción ni las fallas o debilidades del sistema destruyendo la democracia”, afirmó.
El pronunciamiento también defendió la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial y advirtió sobre las consecuencias que han enfrentado otros países donde se han debilitado los contrapesos institucionales.
“En los países en los que ha desaparecido la independencia judicial, han desaparecido también las garantías de las personas frente al poder”, subrayó.
Además, la UCR alertó sobre el riesgo de normalizar discursos que cuestionen el orden constitucional.
“La normalización y aceptación del autoritarismo comienza cuando la ruptura del orden constitucional deja de presentarse como un límite infranqueable y empieza a discutirse como una posibilidad”, advirtió.
Finalmente, el Consejo Universitario expresó su solidaridad con el Poder Judicial y con las personas funcionarias encargadas de garantizar el acceso a la justicia, al tiempo que solicitó al Poder Ejecutivo rechazar de forma clara cualquier mensaje que pueda interpretarse como una legitimación de la ruptura del orden constitucional.
En esa línea, hizo “un llamado vehemente” a la presidenta de la República, Laura Fernández, para que reafirme públicamente el compromiso de su Gobierno con la Constitución Política, la independencia judicial y los principios democráticos que sustentan el Estado de Derecho en Costa Rica.