San José, 04 sep (elmundo.cr) – El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) exigió a la Administración Universitaria buscar soluciones legales y financieras que permitan aplicar el ajuste salarial del 1,5 % por costo de vida a la totalidad del personal, sin exclusiones.
La decisión surge ante la pérdida progresiva del poder adquisitivo de las personas trabajadoras y la inconformidad generada luego de que el ajuste retroactivo fuera reconocido únicamente para un sector de la institución.
El CU instó a la Administración a “agotar todos los mecanismos jurídicos, presupuestarios y reglamentarios viables” para respaldar el artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo, que establece un sistema de ajuste salarial por costo de vida.
Según el comunicado, dicho mecanismo busca que los salarios sean competitivos y permitan mantener la calidad de vida de las personas trabajadoras, “sin afectar el sano equilibrio de las finanzas institucionales en el corto, mediano y largo plazo”.
Mesa técnica tendrá 30 días
Como parte del acuerdo, la Rectoría deberá conformar una mesa técnica prioritaria integrada por Recursos Humanos, Planificación, Finanzas y la Oficina Jurídica.
Este grupo tendrá un plazo máximo de 30 días naturales para presentar un informe con la ruta definitiva que permita incluir a todas las personas trabajadoras de la UCR.
La controversia se originó tras la aplicación de la Resolución R-383-2026, emitida por Rectoría en julio, mediante la cual se reconoció el ajuste retroactivo para un sector de la institución, mientras otro grupo quedó excluido debido a las interpretaciones y restricciones relacionadas con la Ley Marco de Empleo Público y la coexistencia de los regímenes de salario global y compuesto.
El Consejo Universitario cuestionó esta diferenciación al señalar que “el impacto de la inflación golpea por igual el bolsillo de cada hogar, independientemente del régimen salarial bajo el cual se labore”.
UCR ya había reservado ₡2.535 millones
El CU recordó que desde setiembre de 2025 había previsto en el presupuesto institucional una reserva de ₡2.535 millones para hacer frente a esta compensación económica a partir de enero de 2026.
Además, durante junio, la Oficina Jurídica y el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica coincidieron en que existían fundamentos legales para diferenciar el ajuste por costo de vida de otros incentivos salariales ordinarios.
Sin embargo, el pago terminó aplicándose únicamente a una parte del personal, dejando, según el comunicado, “en el aire” la situación del resto de la planilla.
El Consejo Universitario afirmó que “resguardar la equidad, la seguridad jurídica y el bienestar integral de su personal es un paso indispensable para sostener la excelencia académica de la Institución”.
