San José, 7 set (elmundo.cr) – La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) solicitó que la huelga que tienen preparada los sindicatos para el próximo lunes sea declarada ilegal por los juzgados de Trabajo.
Según la Cámara “el movimiento de huelga que impulsan líderes sindicales, con amenazas de convertirse en una protesta indefinida, es deplorable y la condenamos en todos sus extremos, pues una manifestación de este tipo en nada beneficia al país y mucho menos llega a resolver los problemas fiscales que acarrea Costa Rica”.
“Deploramos francamente este llamado a huelga, pues es incomprensible que los líderes sindicales tengan una postura de bloqueo injustificada, cuando todos los demás sectores hemos aportado respuestas en este proceso para balancear las finanzas del Estado”, indicó el presidente ai de Uccaep, Enrique Egloff.
Para la Uccaep, el Poder Ejecutivo no debe ceder a las pretensiones de los líderes sindicales y más bien deberían de trabajar ya en la declaratoria de ilegalidad de la huelga, pues la nueva reforma Procesal Laboral delimitó de forma muy clara el procedimiento a seguir.
Tal y como ocurrió en la huelga pasada, cuando se emitió una declaratoria de ilegalidad y se procedió al rebajo de los salarios de los funcionarios que participaron del movimiento, esas deberían ser las consecuencias que deben enfrentar quienes asisten al movimiento.
“Los problemas de Costa Rica los debemos resolver todos, pero no en la calle, ni con protestas, como tampoco es protegiendo privilegios y excesos que gozan algunos trabajadores del sector público. Además, es injustificado que se irrespeten los derechos fundamentales de la población al no recibir los servicios básicos esenciales”, manifestó Egloff.
En el caso que se mantenga la huelga, la Unión de Cámaras hace un llamado humanitario, para que ante los posibles casos de emergencia que se presenten, se les permita el libre tránsito y si eso no ocurre, hacen responsables a los líderes sindicales.
Finalmente, en la Unión de Cámaras se ha insistido en la búsqueda de canales institucionales adecuados para hacer los reclamos que se consideren oportunos sobre la discusión del plan fiscal, pues entendemos que la discusión de estas medidas, en el seno de la Asamblea Legislativa, no producirán el despido de trabajadores ni afectarán los derechos adquiridos, más bien vendrán a controlar el gasto público y evitar el precipicio fiscal.
