San José, 9 ago (elmundo.cr) – La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), recibió con satisfacción el dictamen afirmativo que se dio al proyecto, sobre huelgas, por parte de una comisión especial encargada de estudiarlo.
Después de recibir 30 mociones de fondo, el expediente 21.049 está listo para discutirse en el Plenario legislativo y su eventual votación. Recibió cinco votos a favor y un voto en contra del legislador frenteamplista José María Villalta.
El presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado reiteró como positivo no solo el avance del proyecto, sino también que llega a aclarar diferentes aspectos y evita interpretaciones como las que se estaban haciendo, además deja clara la prohibición de la huelga política; temas que estaban a discreción de los jueces y que ahora se regularán de mejor manera.
“Es necesario ir aclarando estos términos por la seguridad jurídica del país, de los ciudadanos, y por la confianza que requiere el sector productivo para seguir aportando trabajo y generando mejores condiciones, pues debemos entender que ahora se introducen cambios necesarios para evitar abusos en el ejercicio del derecho de huelga, que está consagrado en nuestra Constitución Política”, agregó.
Delgado señaló que el texto dictaminado brinda claridad en cuanto a que el derecho de huelga no puede ser irrestricto y encuentra una limitación cuando existan actos de coacción o violencia; pero también señala que la huelga en servicios públicos está prohibida de acuerdo con la determinación que haga la misma ley.
Para la Unión de Cámaras, el proyecto crea seguridad y certeza jurídica para todas las partes que conforman las relaciones laborales. Descalifica el movimiento de huelga política, así como los casos donde se incurran a bloqueos de vías públicas u otros actos violentos por parte de los huelguistas. Por igual, niega el carácter de huelga legal a este tipo de movimientos e impide a los jueces laborales calificarlos de ese modo.
En el caso del plazo otorgado para la huelga en el sector educativo, según el texto dictaminado de 21 días o los 10 días discontinuos, es un aspecto que preocupa al sector productivo, pues no queda claro el tema.
El presidente de Uccaep reiteró que no se oponen al derecho del ciudadano a manifestarse, sin embargo, es urgente tener un marco regulatorio cuando se convoque a una huelga, pues esta podría ser ilegal, dado que estos movimientos afectan los servicios esenciales, la vida, la salud y la seguridad de la población costarricense.
