A criterio de los empresarios, el 2018 no puede continuar “paralizado” y será tarea de la siguiente Administración el buscar la reactivación económica, que contribuya a reducir las tasas de desempleo y subempleo, aunado a mejorar la competitividad nacional y la deficiente infraestructura vial.
El sector productivo nacional indicó que el próximo gobierno “no puede caer en el error” de implementar políticas públicas que han resultado “poco” eficaces.
Para el sector empresarial privado del país, el 2017 fue un año que inició con grandes expectativas; sin embargo, ante la falta de claridad y de decisiones con convicción por parte del gobierno, lo tornó en un periodo colmado de incertidumbre.
Aunado a ello, la crítica hacia la Administración Solís Rivera versa sobre la “falta” de asumir con convicción el liderazgo que le correspondía para lograr avances estructurales que urgen en el país, sobre todo en materia fiscal y de infraestructura.
Asimismo, el reproche apunta al abordaje que se le dio a uno de los casos de “corrupción más grande” que se haya visto en el país, y el cual permeó en los tres poderes de la República.
La organización resaltó el “claro desinterés” del gobierno en lograr una solución integral para enfrentar el problema fiscal de Costa Rica.
“El gobierno ha sido incongruente y poco responsable en su gestión, sobre los proyectos fiscales. Uccaep denunció en su momento el retiro de la corriente legislativa de los proyectos para paliar el déficit fiscal y frenar el gasto público.
“Así como que el gobierno haya centrado su mensaje en amenazas ante un panorama “apocalíptico” de estar cerca de una falta de liquidez, la cual pudo evitar si hubiese tomado las medidas correctas y a tiempo”, señaló Franco Arturo Pacheco, presidente de Uccaep.
Además, las cámaras empresariales cuestionaron la contratación de Unops, para algunos proyectos indispensables de infraestructura vial, ante la “falta de transparencia”.
Según indicaron, la decisión de contratar esos proyectos (renovación del puente sobre el río Virilla en Tibás y el paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales) fue de la administración del Conavi.
En esa misma línea, los representantes del sector privado votaron en contra de que los expedientes de la obra fueran confidenciales, y respaldaron la decisión de la Contraloría General de la República de anular los acuerdos.
No más convenciones colectivas
Para Uccaep es de vital importancia que los costarricenses “no sigan” financiando los “privilegios” de los trabajadores de Recope. Si bien respeta la decisión de la Sala Constitucional, en devolverle a dicha entidad más de ₡7 mil millones, considera que esto implicaría un aumento de ₡28 en el precio de los combustibles, lo que impacta en el bolsillo de los costarricenses.
“Siempre hemos considerado que este tipo de gastos son innecesarios, especialmente porque Recope es un monopolio y los costarricenses no tenemos otra opción más que comprar los combustibles a dicha entidad. Es hora de poner freno a estos abusos”, manifestó Pacheco.
En ese abordaje de los temas país, la cámara empresarial apuntó a la sostenibilidad para el régimen del IVM, la búsqueda de acuerdos para formación dual y combatir la informalidad laboral, entre otros.