San José, 6 mar (elmundo.cr) – La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), considera deplorable la posición de los cinco rectores de las universidades públicas, de pretender desacatar las reformas que conlleva la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, alegando que esto afectaría su autonomía universitaria y que va contra lo estipulado en la Constitución Política.
El presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado señaló que “es muy lamentable que los rectores de las universidades continúen con esta posición bajo el alegato que esto lesionaría su autonomía. Sin duda, este tipo de discursos independistas nos pueden llevar por el camino equivocado y eso no lo queremos para Costa Rica”.
Para los representantes del sector privado, no se puede seguir manteniendo salarios millonarios en las universidades, no es posible que un oficial de tránsito de una universidad pública gana hasta ¢2,7 millones, cuando el resto de los oficiales del país ganan en promedio ¢800 mil.
“El pago exorbitante en cesantías, pluses salariales y pensiones de lujo se hace insostenible para las finanzas del Estado. De avanzar en esa posición, los rectores toman una postura de egoísmo y desinterés por el bienestar de Costa Rica, amparados en una autonomía que solo ellos parecen entender”, mencionó el presidente de Uccaep.
Por igual, los rectores parecen olvidar lo que establece la Constitución Política en el artículo 129: Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público, indicó
El presidente de Uccaep recordó que a principios del año, el Departamento Legal de la UCR recomendó a sus superiores desatender los requerimientos del plan fiscal, pero en setiembre del año pasado, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Económicas, de esa misma universidad, se pronunció sobre el entonces proyecto y reconoció la grave situación fiscal del país y la urgencia de que la reforma atendiera y resolviera el problema fiscal.
Además, la nueva ley recibió el respaldo mayoritario de los diputados, obtuvo el aval de la Sala Constitucional y desconocer esos aspectos, es atentar contra el Estado de derecho costarricense.
“Es importante resaltar que las universidades, al pertenecer al sector público, están en la obligación de respetar el principio de legalidad que establece claramente que solo pueden hacer lo que les está permitido”, finalizó el presidente de Uccaep.
