San José, 31 oct (elmundo.cr)- La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), recibió con agrado la reforma al Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, que cierra portillos al “abuso” que existe en las contrataciones directas entre instituciones públicas.
La posición de la cámara se da luego de que el pasado viernes, se publicara el Decreto Ejecutivo 40680-H, donde se establece una serie de requisitos que se deben cumplir para que dos entidades estatales puedan contratarse entre sí.
La Uccaep, en octubre de año pasado, interpuso una denuncia contra el Estado costarricense, aduciendo que el gobierno había abusado de la utilización del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, para “privilegiar” en los procesos contractuales a las propias entidades públicas.
Con el decreto, para que se concrete una contratación directa, los dos oferentes deben cumplir con varios requisitos; entre ellos, la idoneidad, contar con un estudio de mercado, asegurarse que la participación de la entidad contratada sea de al menos un 50% de la prestación y acreditar una razonabilidad del precio.
“La publicación de este decreto confirma que el sector productivo lleva la razón en este tema, de ahí nuestro beneplácito de que se realizarán los cambios necesarios a favor de una sana competencia”, explicó Franco Arturo Pacheco, presidente de la Uccaep.
Según Pacheco, en aquel momento (octubre 2016), levantaron la voz porque para el sector era preocupante la existencia de instituciones que estaban utilizando este portillo del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, para “violentar procesos de compra de millones de dólares”.
Aunado a ello, el presidente de la cámara señaló que “siempre” insistieron en los principios de eficiencia, idoneidad y el interés en el buen uso de los recursos públicos, pues considera que ese es el fin de toda licitación pública abierta y transparente, donde puedan acudir tanto empresas privadas como públicas.
Para el sector productivo, el gobierno ha hecho un uso sistemático del régimen de excepción, obviando procesos de licitación pública, promoviendo convenios entre entes públicos y manteniendo ventajas exclusivas en perjuicio del interés general de garantizar una administración eficiente de los recursos.
El sector denunció ante la Comisión para la Promoción la Competencia (Coprocom) al Estado costarricense por prácticas monopolísticas, y se adjuntó un listado de 46 contrataciones, justificadas en el artículo 2, por más de ¢32.400 millones, entre los años 2014 y 2016, solo para los servicios de telecomunicaciones, tecnología y sistemas informáticos.
Pacheco insistió en que en momentos en que se promueve una reforma fiscal, resulta indispensable que la gestión de los asuntos públicos se haga en un marco de transparencia y de uso eficiente de los recursos.
