San José, 4 may (elmundo.cr) – El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció este jueves que archivó la solicitud de referéndum sobre la Ley contra el Maltrato Animal, luego de constatar que el contenido del proyecto tiene inconstitucionalidades señaladas por el Máximo Tribunal de la Corte Suprema de Justicia.
Así consta en un comunicado de prensa enviado este jueves por la institución, donde se señala que mediante resolución 2742-E9-2017, los jueces electorales declinaron la solicitud de consulta popular, dado que un fallo de la Sala Constitucional detectó vicios en relación con un proyecto de Ley tramitado en la Asamblea Legislativa, que guarda gran similitud con el texto que se propuso someter a referéndum.
“La Sala Constitucional determinó que algunos términos como “animal”, incluidos en varios artículos de los dos proyectos, no se encuentran correctamente delimitados, lo cual genera inseguridad jurídica sobre lo que se pretende penalizar. Además, una multa contenida en ambos proyectos de ley se consideró desproporcional por su monto”, dijo el Tribunal.
Gustavo Román Jacobo, Asesor de la Gestión Política Institucional del TSE subrayó que aún cuando la solicitud realizada por la Asociación para el Bienestar y el Amparo de los Animales para someter a consulta popular el proyecto de ley cumplió con la cantidad de firmas necesarias, el Tribunal no puede someter a referéndum aquellas iniciativas que sean contrarias al Derecho de la Constitución, lo que incluye considerar los precedentes de la Sala Constitucional.
Además, el vocero del Tribunal dijo que con motivo de evitar estas situaciones, el Tribunal intentó en varias ocasiones involucrar a la Sala Constitucional, con el fin de que se contara con su criterio sobre la constitucionalidad de los textos sometidos al trámite de referéndum, preferiblemente previo a la recolección de firmas, sin embargo, dichas gestiones fueron rechazadas por esa Sala.
Román manifestó que próximamente el Tribunal de Elecciones presentará a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma, con el fin de que en el trámite de los proyectos de Ley que se pretendan someter a referéndum participe la Sala Constitucional, en aras de no frustrar futuras iniciativas referendarias por vicios de constitucionalidad.
