San José, 20 set (elmundo.cr) – El Pleno del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) revisará la decisión de no destituir al regidor suplente de Puntarenas, Álvaro Cascante Ramírez, señalado por la Contraloría General de la República (CGR), como uno de los 12 responsables de haber mal utilizado más de 2320 millones de colones del Fondo de Apoyo para la Educación Técnica y Superior del Puntarenense (FAESUTP).
Álvaro Cascante fue encontrado responsable por la Contraloría, de haber aprobado cuando se desempeñó como miembro del Consejo Directivo del FAESUTP, en representación de la Municipalidad de Puntarenas, 15 préstamos, 6 ampliaciones de préstamos y 9 becas, todas pagadas con capital semilla del Fondo pese a que eso estaba prohibido por Ley. Por ello se le impuso una inhabilitación por cinco años para desempeñar cargos públicos.
EXCLUSIVA: Contraloría inhabilita a 12 personas por uso ilegal de ¢2320 millones en fondos públicos
Si bien la Contraloría General de la República dictó esa sanción en su contra el 1 de octubre del 2015, fue hasta el pasado 12 de agosto que el caso quedó finalmente cerrado y se comunicaron sus determinaciones.
El ente contralor le pidió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cancelar la credencial de regidor suplente del PLN por Puntarenas que le entregó a Cascante el pasado 15 de marzo de 2016, sin embargo la Sección Especializada del TSE rechazó la solicitud, mediante la resolución 5476-M-SE-2016 con fecha del 24 de agosto de 2016 y de la cual EL MUNDO tiene copia.
Dicha resolución fue suscrita por los magistrados Juan Antonio Casafont Odor, Fernando del Castillo Riggioni y Zetty María Bou Valverde. En ella se dice que las sanciones de la Contraloría General de la República, al ser actos administrativos no son suficientes para suspender los derechos políticos de un ciudadano que resultó ganador en una elección y que la única forma de quitarlo del cargo es mediante una sentencia judicial en firme.
Este fue el segundo caso de negativa del Tribunal Supremo de Elecciones a retirar una credencial a un funcionario de elección popular, que EL MUNDO reveló.
El primero de esos casos involucra al alcalde de Talamanca, Marvin Gómez Bran, quien fue inhabilitado por la Contraloría General de la República (CGR) para ocupar cargos públicos durante cinco años.
Gómez Bran fue sancionado ya que durante su gestión como regidor propietario en el anterior periodo del gobierno local de ese cantón limonense, dio su voto para el otorgamiento de permisos de uso de suelo en forma precaria, de terrenos ubicados en la Zona Protegida del Refugio Gandoca Manzanillo.
La Contraloría ante la negativa de la Sección Especializada del TSE de retirar la credencial de Gómez Bran, interpuso el 25 de agosto de 2016 un recurso de reconsideración el cual será conocido ahora por el Pleno del Tribunal, según consta en la resolución N.° 5861-M-SE-2016 de la cual EL MUNDO tiene copia.
