San José, 10 jul (elmundo.cr) – Ante el creciente fenómeno del cibercrimen y los riesgos asociados a la suplantación de identidad y el uso indebido de datos personales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció una reforma integral en su plataforma de consultas civiles.
La medida, acordada por el pleno de magistrados, busca poner fin al acceso abierto, irrestricto y masivo que actualmente permite la página web institucional (www.tse.go.cr) para revisar información sensible de los costarricenses.
“En el contexto global actual, nuestro país no está exento del fenómeno de cibercrimen y de los riesgos asociados a las estafas informáticas, suplantación de identidad, phishing, vishing, smishing y el mal uso de la ingeniería de datos”, señaló el organismo electoral mediante un comunicado oficial.
El TSE instruyó a las Direcciones Generales de Estrategia Tecnológica y del Registro Civil ejecutar cuatro ajustes fundamentales, los cuales deberán estar operativos en un plazo máximo de 45 días naturales:
- Registro obligatorio: Se establecerá como requisito la creación de un usuario previo para acceder a las consultas, similar al mecanismo que utiliza el Registro Nacional. Esto permitirá a la institución establecer una trazabilidad sobre quién accede a la información de cada ciudadano.
- Anonimización de datos: Se ocultarán detalles personales de terceros en el historial de matrimonios y divorcios. Esta medida también aplicará para las certificaciones registrales digitales, aunque los documentos físicos tramitados en sedes mantendrán la información completa.
- Exclusión de datos filiales: Se eliminará de la consulta web el dato relativo a los hijos e hijas de las personas consultadas.
- Perfiles de acceso diferenciados: Se diseñarán niveles de consulta específicos para abogados, notarios y funcionarios públicos, quienes deberán justificar el acceso a información amplia bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Con esta decisión, el Tribunal busca equilibrar la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales con el derecho al acceso a la información pública. Según el TSE, estas acciones son necesarias para evitar que delincuentes utilicen las bases de datos para construir perfiles familiares o relacionales con fines criminales.
