San José, 20 nov(elmundo.cr)- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en respuesta a una consulta de la diputada del Frente Amplio (FA), Patricia Mora, responsabilizó a la Asamblea Legislativa de omitir una serie de proyectos de ley que buscaban mayor equidad en el financiamiento de los partidos políticos.
Así lo hizo ver el órgano superior en materia electoral en el acta del 2 de noviembre anterior, ante la preocupación de la frenteamplista al ver que su partido no tuvo posibilidad de conseguir financiamiento de la banca estatal.
Según Mora, la única entidad con una línea de crédito para la campaña política, el Banco de Costa Rica, les expresó su negativa a abrir préstamos para financiar la campaña electoral.
Al respecto, el TSE argumentó que se le dio continuidad a los certificados de cesión de contribución estatal los cuales, a su criterio, propician inequidad en el manejo de las finanzas electorales y favorecen a los partidos circunstancialmente bien posicionados en las encuestas.
Aunado a ello, el Tribunal alegó haber impulsado propuestas de reforma tendientes a eliminar definitivamente los certificados partidarios de cesión de contribución estatal y, en su lugar, facilitar el acceso gratuito a medios de comunicación colectiva.
Con ese planteamiento busca robustecer el sistema de financiamiento anticipado. Sin embargo, tal y como lo aseguró la entidad, la propuesta no ha tenido acogida en el debate legislativo.
“A la opinión pública le consta que el TSE, de manera proactiva, ha promovido proyectos de ley para enmendar esta falencia. También es testigo de cómo la Asamblea Legislativa ha omitido considerar con seriedad estas propuestas.
“Esa dificultad para obtener créditos en los bancos del Sistema Bancario Nacional, respaldados con certificados de cesión, constituye una amenaza que podría afectar el libre juego democrático o la equidad de la contienda electoral”, sostuvo la institución electoral.
Lo anterior inquieta si se toma en cuenta que los certificados de cesión que emiten los partidos son, a la fecha, la principal fuente de financiamiento para hacer frente a sus gastos de campaña.
Anteriormente, y ante la negativa de financiamiento del BCR, la diputada Mora comentó que “el Frente Amplio es un partido político con finanzas sanas, transparentes y sin ningún tipo de cuestionamiento”.
Pese a ello, la legisladora manifestó que la realidad los enfrenta a una “profunda desigualdad” económica de cara a la campaña política, sin bancos públicos financiando y con limitaciones como tener que contar con garantías líquidas.
“Los partidos políticos con pocos recursos económicos, tenemos imposibilidades financieras para acceder a la deuda política, aunque contemos o no con suficiente caudal electoral para tener derecho a los recursos de la deuda política”, arguyó.
Para Mora, eso es contrario al buen ejercicio de la democracia, ya que “estimula la consecución de recursos de dudosa procedencia o ilegales”.
Una fuente allegada a EL MUNDO aseguró que el partido político ha hecho gestiones para recibir financiamiento de una entidad vinculada con la banca privada, e incluso esa opción se podría zanjar en los próximos días.
El TSE dijo estar consciente de la fundada preocupación de esta y otras agrupaciones políticas, pues considera como un hecho notorio que requieren de financiamiento para atender gastos en que incurran con motivo de su participación en la campaña electoral.
“También lo es que los bancos del Sistema Bancario Nacional han venido restringiendo la posibilidad de crédito para los partidos políticos, con el consecuente riesgo de que esta situación pueda afectar en diferente medida a las agrupaciones partidarias”, acotó el Tribunal.
El ente electoral dejó establecido que no es competencia suya el apoyar gestiones crediticias de los partidos políticos ante los bancos. Ello sería contrario al principio de autonomía que cobija a los estatales y a la libertad que protege a los privados.
El marco normativo debe ser escrupulosamente observado por el TSE en la organización de los comicios de febrero próximo, empero, ya habiendo sido convocados el pasado 4 de octubre, por el momento no es susceptible de cambios.
Asimismo, el Tribunal señaló que la imperiosa modificación de ese marco debe, entonces, acometerla la representación política que resulte de esas elecciones y no la actual.
“Confiamos que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, contemos con la atención y respaldo de quienes lleguen a ocupar esas curules”, finalizó.
