En ella, les advierte que habrá consecuencias legales si insisten en manifestarse el próximo domingo 7 de febrero, día de las elecciones municipales.
La idea es que se “abtengan de llevar acabo cualquier tipo de actividad de convocatoria o que involucre el movimiento de personas, y vehículos con fines ajenos al acto comicial, ó bien, que interfiera con el libre tránsito de todo ciudadano y el derecho de acceso efectivo a los centros de votación”, aseguró Fernández.
De acuerdo con los jerarcas, quien impida el funcionamiento de las juntas receptoras de votos puede ser sancionado con cárcel de dos a seis años.
“Apelo al espítiru patriótico que ha caracterizado a este gremio del país, el cual siempre se ha desempeñado como un fuerte aliado de los procesos electorales”, puntualizó el presidente del Tribunal.
