San José, 15 ago (elmundo.cr) – Esta semana el PANI pretende ejecutar la expulsión del país de un niño costarricense de casi 5 años llamado Benjamín.
Esto por orden del Tribunal de Familia de San José que revocó una sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Especializado de Familia, Niñez y Adolescencia que había rechazado una solicitud internacional de restitución de este menor.
Adriana Navarro, madre de Benjamín, contrajo matrimonio en Costa Rica con un militar uruguayo. Al poco tiempo quedó embarazada y luego de 7 meses de gestación viajó a dicho país donde nació el niño.
Estando en Uruguay sufrió violencia doméstica de forma permanente y cada vez más intensa, lo que la obligó a buscar protección judicial ante las autoridades uruguayas.
La Corte de ese lugar, de forma preventiva, ordenó medidas de protección que reiteró luego de la confirmación de los hechos denunciados. Incluso, se incautaron 7 armas de fuego dentro de la casa del agresor, quien mintió a la policía sobre su existencia. (Exp. 435-720/2019 de Uruguay)
En medio de una situación de riesgo, con enormes dificultades económicas y sin red de apoyo familiar, en febrero de 2020 acepta una invitación de su hermana para viajar a Costa Rica con su hijo y recibir apoyo psicológico para ambos y terapia ocupacional para Benjamín.
El padre interpone un proceso de restitución internacional del menor, alegando que el niño fue sustraído ilegalmente, cuando en realidad existía un permiso permanente de salida y además a la madre se le había otorgado la tenencia provisoria del menor.
La Juez de primera instancia constata la situación de violencia que vivían tanto la señora Adriana como el niño, y consideró muy peligroso el retorno de Benjamín a Uruguay.
Incluso, la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia recomendó que la persona menor de edad continuara con su madre, “ya que con ella no hay factores de riesgo o vulnerabilidad para el niño”. (Sentencia de Primera Instancia del Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia, N° 2020000735 del treinta de octubre de dos mil veinte)
Ante apelación del progenitor el Tribunal de Familia de San José decide revocar la sentencia anterior y, sin escuchar al menor, sin importarles los antecedentes de violencia doméstica del padre y obviando las pruebas de que al lado de su madre Benjamín siempre ha estado en un entorno amoroso y seguro, le ordena al PANI tomar al menor y sacarlo del país para enviarlo a 5000 kilómetros de distancia.
A partir de esta sentencia empieza el drama humano de esta madre y su hijo, quienes han recurrido a la Defensoría de los Habitantes, a la Dirección General de Migración y Extranjería, al PANI y a la Sala Constitucional, instituciones le han dado la espalda hasta el día de hoy.
Únicamente ha recibido el apoyo incondicional del Inamu en esta lucha. Su última esperanza para evitar que este niño costarricense no sea expulsado de su país es una solicitud de suspensión de la orden judicial que ha sido presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En vísperas de este día de la madre, Adriana fue informada de que el PANI le quitará a su hijo en los próximos días y se lo llevará para dejarlo en las puertas del avión que lo mandará a Uruguay.
