San José, 11 sep (elmundo.cr) – El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante el voto N.° 355-2025-I, confirmó la resolución que rechaza la medida cautelar presentada por la Federación del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT), apoyada por la diputada Vanessa de Paul Castro Mora, en contra del Reglamento de Ciberseguridad para la tecnología 5G y superiores emitido por el Poder Ejecutivo.
La gestión solicitaba suspender en su totalidad el reglamento o, de manera alternativa, los artículos que establecen requisitos de seguridad para proveedores en licitaciones de telecomunicaciones. Sin embargo, el Tribunal desestimó la solicitud al considerar que los estudios presentados para demostrar un posible daño eran insuficientes y carecían de evidencia contundente.
De acuerdo con la resolución, los informes —entre ellos uno elaborado por el CINPE-UNA a solicitud de Huawei Technologies de Costa Rica S.A.— se basaban en escenarios hipotéticos (“puede” o “podría ser”) y no acreditaban un daño grave o inminente que justificara frenar la aplicación de la normativa.
Atrasos en licitaciones
El Tribunal también reconoció que la acción interpuesta por el FIT provocó un retraso de aproximadamente un año en un proceso de licitación del ICE, que finalmente tuvo que ser declarado desierto por razones de interés público.
Seguridad y protección de datos
En su resolución, el Tribunal destacó que el reglamento tiene un carácter protector, pues busca garantizar la intimidad, privacidad y protección de los datos personales de los usuarios.
Además, subrayó que la tecnología 5G conlleva el manejo de “grandes cantidades de datos” e información “personal y sensible”, lo que justifica la adopción de medidas de ciberseguridad robustas. Suspender la normativa, según el fallo, sería desproporcionado ante la falta de evidencia que demuestre un perjuicio real.
Con esta decisión, se mantiene vigente el marco regulatorio diseñado por el Ejecutivo para el despliegue de redes 5G y superiores en el país, priorizando la seguridad nacional y la protección de datos de los usuarios.
