San José, 23 sep (elmundo.cr) – Las presas de tránsito en Costa Rica se han convertido en un mal endémico. Cada día, a cualquier hora, miles de personas en la Gran Área Metropolitana (GAM) —y en muchas rutas nacionales— quedan atrapadas en una especie de limbo que erosiona su tiempo, su salud y su economía.
Lo grave es que esta no es una sorpresa: el problema está documentado desde hace más de dos décadas, y sin embargo, las últimas seis administraciones de gobierno han fallado en ofrecer una solución estructural.
La dimensión del problema
Las cifras son elocuentes. Estudios estiman que la congestión le cuesta al país hasta un 3,8 % del PIB anual, una pérdida que equivale a miles de millones de colones. Personas que viven en cantones periféricos pueden perder entre US\$3.000 y US\$5.000 al año solo en tiempo y gastos relacionados con el tráfico. En algunos tramos de San José, un conductor puede tardar 7 minutos para recorrer apenas 100 metros durante hora pico. Además, un 97 % de los cantones de la GAM reportan saturación severa en la mañana y la tarde.
Pero el impacto no es solo económico. Las presas afectan la salud mental de la población, generan más emisiones contaminantes, deterioran la infraestructura vial y profundizan la desigualdad: quienes no pueden vivir cerca del trabajo son los que más sufren.
Seis gobiernos, las mismas promesas
Revisar la acción de las administraciones de Abel Pacheco (2002–2006), Óscar Arias (2006–2010), Laura Chinchilla (2010–2014), Luis Guillermo Solís (2014–2018), Carlos Alvarado (2018–2022) y Rodrigo Chaves (2022–2026) es constatar un patrón de omisiones y proyectos inconclusos.
1. Planificación que nunca pasa del papel
Cada gobierno ha presentado planes y diagnósticos —Plan Nacional de Transporte, Plan GAM, proyectos de reordenamiento vial— pero pocos han contado con financiamiento asegurado o con mecanismos de seguimiento que trasciendan el ciclo político. Se trabaja a golpe de parche, no de estrategia nacional de movilidad.
2. Transporte público rezagado
Se habla de “modernizar la red de buses” desde hace al menos tres gobiernos, pero el sistema sigue desordenado, ineficiente y poco atractivo. Las rutas no están integradas, no hay carriles exclusivos de alcance metropolitano, y el servicio no compite en tiempo ni comodidad con el carro privado. El resultado: más autos en las calles.
3. El eterno proyecto del tren
El tren eléctrico ha sido anunciado, rediseñado y debatido una y otra vez. Cada administración lo usa como bandera, pero ninguna lo ha convertido en un sistema metropolitano moderno en operación. Mientras tanto, el país pierde la oportunidad de mover grandes volúmenes de pasajeros en forma sostenible.
4. Financiamiento y regulación inestables
No se ha creado un esquema robusto de peajes inteligentes, subsidios bien diseñados o fondos para inversión a largo plazo. Cada proyecto depende del presupuesto de turno, de negociaciones políticas y de préstamos externos que tardan años en concretarse. Esto condena a las obras a un ciclo de arranque y freno que desgasta la confianza ciudadana.
5. Falta de ordenamiento territorial
Nadie ha abordado seriamente la relación entre urbanismo y movilidad. La expansión desordenada de la GAM obliga a las personas a desplazarse cada vez más lejos para estudiar o trabajar. Sin políticas que incentiven ciudades compactas, el tráfico seguirá creciendo.
6. Mala gestión de obras
Cuando finalmente se ejecutan proyectos, suelen traer cierres prolongados sin planes alternos, falta de información oportuna y peor congestión temporal. La gente termina viendo la infraestructura como un mal necesario en lugar de una solución.
¿Y la administración actual?
Sería injusto esperar que la administración de Rodrigo Chaves, con poco más de dos años en el poder, haya resuelto de raíz un problema que lleva acumulándose por décadas. Sin embargo, sí se le puede exigir marcar el rumbo, ejecutar proyectos con mayor agilidad y plantear medidas de mediano plazo que sienten las bases para una transformación. Las primeras intervenciones —como nuevos pasos a desnivel, ajustes en semáforos y mejoras en rutas nacionales— son positivas, pero no bastan si no se articulan en un plan integral de movilidad que incluya transporte público competitivo, ordenamiento territorial y financiamiento estable.
Efectos sociales y ambientales
Más allá de las cifras, el costo humano es enorme. Horas en el tráfico significan menos tiempo en familia, menos descanso y mayor estrés. La congestión también genera emisiones contaminantes que agravan problemas de salud pública y contribuyen al cambio climático.
El problema es, además, una cuestión de justicia: quienes tienen más recursos pueden vivir cerca de sus trabajos o pagar transporte privado cómodo; quienes no, pasan más horas en bus o en presas, gastan más en pasajes y combustible, y ven afectada su productividad.
Tres errores políticos recurrentes
1. Cortoplasismo: se prioriza inaugurar pasos a desnivel y rotondas visibles en cuatro años, en lugar de construir sistemas de movilidad a 20 años.
2. Fragmentación institucional: ministerios, municipalidades, Incofer, Conavi y el CTP no logran una gobernanza unificada.
3. Miedo al costo político: ningún gobierno se atreve a implementar tarificación vial, peajes urbanos o restricciones fuertes al uso del auto particular, medidas que han funcionado en otras ciudades del mundo.
Hacia una solución de verdad
El país necesita dejar de romantizar el carro y apostar por un cambio de paradigma. Algunas rutas posibles:
Plan Nacional de Movilidad como política de Estado, no de gobierno.
Transporte público competitivo y de calidad, con carriles exclusivos, rutas reorganizadas e integración tarifaria.
Tren metropolitano con financiamiento claro y cronograma blindado de cambios políticos.
Ordenamiento territorial inteligente, que acerque vivienda, trabajo y servicios.
Gestión inteligente del tránsito, con semáforos coordinados y uso de datos en tiempo real.
Educación y cultura vial para fomentar respeto de normas y uso responsable de los vehículos.
Conclusión: exigir cuentas y continuidad
Las presas no son un accidente, son el resultado de décadas de inacción y de políticas fragmentadas. Las cinco administraciones anteriores dejaron el problema crecer y la actual, aunque recién llegada, enfrenta el reto de romper el ciclo. Si no se actúa con valentía y visión de Estado, seguiremos midiendo nuestra vida en minutos perdidos en la carretera, y la promesa de un país moderno quedará, otra vez, atrapada en la presa.
