San José, 13 mar (elmundo.cr) – Un proyecto de Ley que fue presentado en el Senado y Cámara de Representantes de los Estados Unidos pone en peligro el empleo de más de 60 mil costarricenses, que trabajan en Centros de Servicios Compartidos.
Según reseñó la cadena internacional CNN en español, la iniciativa fue planteada el pasado 2 de marzo por los demócratas Bob Casey, Sherrod Brown y Claire McCaskill, así como el republicano David McKinley y el demócrata Gene Green en la Cámara de Representantes.
El plan, de ser aprobado, obligaría a aquellos Centros de Servicios Compartidos, incluidos los call centers de empresas que tercerizan sus servicios en otros países, regresar a Estados Unidos o de lo contrario, no podrán recibir ciertos subsidios federales ni préstamos financiados por los contribuyentes.
“Proteger los empleos estadounidenses de la tercerización y externalización es exactamente lo que el presidente Trump prometió en su campaña y estoy ansiosa y emocionada de trabajar con él para cumplirles esa promesa a los trabajadores de Missouri”, dijo la senadora McCaskill en un comunicado de prensa recogido por CNN el 6 de marzo.
La iniciativa ya generó reacciones en Costa Rica por parte de la Cámara de Comercio, que mediante su perfil en Facebook anunció su preocupación ante la iniciativa.
“La repercusión podría ser muy fuerte para empresarios y trabajadores de Costa Rica, donde los Centros de Servicios Compartidos generan un total de 60 mil empleos, según datos suministrados por CINDE”, dice la publicación.
La cifra es tan grande que de aprobarse la iniciativa de Ley y las empresas que tercerizan servicios en Costa Rica toman la decisión de irse, la cifra de desempleados en el país superaría las 270 mil personas, una subida drástica desde las 217 mil personas que están sin trabajo según el más reciente estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
El proyecto de Ley, según reseñó la agencia estadounidense, incluye además una norma para que aquellos estadounidenses que llamen a un call center tengan derecho a saber la ubicación país de la persona que lo está atendiendo e inclusive, permitirle solicitar ser atendido por un call center ubicado en suelo estadounidense.
“Esta ley no exige que las empresas mantengan los call centers aquí en Estados Unidos, simplemente dice que si deciden llevarlas afuera no recibirán fondos del gobierno. Eso debería ser de sentido común”, dijo la demócrata Claire McCaskill.
