San José, 07 nov (elmundo.cr) – La Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), que representa a los trabajadores y trabajadoras del sistema penitenciario nacional, demandaron ante la Asamblea Legislativa “con toda claridad y contundencia que los trabajadores y trabajadoras no tienen por qué verse afectados, ante el bloqueo celular en los centros penitenciarios del país”.
Susan Quirós, secretaria general del Sindicato, explicó que “hoy acudimos a la Asamblea Legislativa, hemos sido atendidos por los compañeros que representan a la fracción del Frente Amplio y entregamos una propuesta de proyecto de ley para impulsar en esta Asamblea Legislativa, una reforma a la ley de telecomunicaciones para establecer que la administración o más concretamente el Ministerio de Justicia y Paz, esté en la obligación de garantizar el derecho a la comunicación de los trabajadores y trabajadoras en el marco del bloqueo de la señal celular”.
Sobre la reforma
Reforma del inciso 4) al artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley número 8642.
Artículo 1, Se reforma el inciso 4) del artículo 49 de la Ley N 8642, Ley General de Telecomunicaciones, Para que en adelante se lea de la siguiente forma:
Artículo 49- Obligaciones de los Operadores y proveedores
Los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones tendrán las siguientes obligaciones:
(…)
4) Adoptar y aplicar los procedimientos y las soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios, incluyendo las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención Institucional del Sistema Penitenciario Nacional, de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento, garantizando que no haya afectación al servicio de la población residente y Personas usuarias de las zonas aledañas a dichos centros, y brindando una solución de acceso a los servicios de telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz, al Personal que labora en los diferentes centros penitenciarios.
(…)
Quirós manifestó que “estamos a favor del bloqueo de la señal celular, porque creemos que se debe proteger a la sociedad costarricense de las estafas y otros delitos que se cometen desde los centros penales, sin embargo, demandamos con toda claridad y contundencia que los trabajadores y trabajadoras no tienen por qué verse afectados”.
“Ellos, no son los responsables de las estafas y en ese sentido esperamos que en la Asamblea Legislativa, se apruebe una reforma para garantizarles ese derecho humano fundamental a estos compañeros y compañeras que pasan la mitad de su vida en los centros penales realizando una función de seguridad estratégica, para la sociedad costarricense”, concluyeron.
