Redacción, 4 abr (elmundo.cr)- Los trabajadores de la empresa piñera Exportaciones Norteñas denunciaron que esta madrugada la seguridad privada de la empresa disparó de nuevo contra los trabajadores y despedidos, mientras se manifestaban para exigir el pago de sus prestaciones y el cumplimiento de sus derechos laborales.
Según los trabajadores, los disparos fueron efectuados por el oficial “identificado como Hugo Espinoza Rodríguez”, quien trabaja para la empresa Seguridad Estratégica SA. “Este disparó contra el piso donde se encontraban los trabajadores, lo que causó que varias piedras los impactaran”, aseguraron.
La huelga se debió a que la empresa “nuevamente ha incumplido los acuerdos alcanzados en las pasadas huelgas, pues no ha cumplido con los derechos de los actuales trabajadores ni con el pago completo de las prestaciones”. Se calcula que las deudas a los trabajadores despedidos alcanzan en total los 300 millones de colones.
Incumplimientos a los acuerdos
La empresa, a inicio de año, despidió a una cntiadad importante de trabajadores por supuesta reorganización de personal. Por esto, los trabajadores despedidos solicitaron el pago que según la ley les correspondía por prestaciones.
El movimiento inició con una huelga el 3 de marzo, donde decenas de despedidos se presentaron a la empresa exigiendo el pago de lo que les corresponde por ley. A ellos, se sumaron trabajadores actuales de la empresa, para reivindicar el pago de horas extra, un día de descanso semanal, trámite de permisos de trabajo y seguro social.
Esta huelga finalizó con una serie de acuerdos, donde la empresa se comprometía a aceptar la intervención del Ministerio de Trabajo para calcular los montos de prestaciones, una cita de conciliación en el ministerio y poner en regla a los trabajadores actuales ante la CCSS e INS.
“Luego que la empresa pagara menos de la mitad de los salarios correspondientes en la quincena del 14 de marzo, un grupo de trabajadores protestó nuevamente, lo que desencadenó que un oficial disparara por primera vez al grupo de trabajadores”, informó el Partido de Trabajadores.
En esa ocasión, se realizó la denuncia ante el OIJ pues las declaraciones del oficial fueron que fue contratado “para disparar ante cualquier nuevo intento de huelga”.
La primera vez que se realizaron los disparos en la huelga del 14 de marzo, los trabajadores denunciaron que esto sucedió ante oficiales de la Fuerza Pública “los cuales no intervinieron”, aseguran los trabajadores.
Según explica el Partido de Trabajadores, en esta ocasión, la policía se encontraba presente en la huelga, pero se retiró sin explicaciones y se desplazó a la zona fronteriza. En ese momento, fue cuando el oficial de seguridad privada salió a disparar contra los manifestantes. Al regresar la policía, se encuentró con la declaración de los trabajadores, con los casquillos de la escopeta y empleados con moretones y heridas por las piedras que levantaron los impactos de bala.
“Aún así, los oficiales de la Fuerza Pública no quisieron actuar ni investigar la situación. Al ser increpados, decidieron justificar las acciones de la seguridad privada. Los trabajadores interpusieron la denuncia llamando al 911, para solicitar otro apoyo policial. Luego de esta gestión, se presentaron oficiales al lugar y luego de la indagación, detuvieron al oficial privado y suponen la apertura de un proceso por flagrancia”, dijeron.
Intervención inmediata del MTSS y aclaración del Ministerio de Seguridad
“Desde el Partido de los Trabajadores, condenamos el accionar del oficial de seguridad privada. Pero principalmente, creemos que esta es una expresión de la política que los empresarios tienen para evadir sus responsabilidades laborales. Hoy se detiene a este oficial de seguridad, pero las empresas contratarán nuevo personal armado, para desalentar y reprimir a los trabajadores que exijan sus derechos. Los verdaderos responsables detrás de esta situación, son los empresarios que en primer lugar violentan toda la legislación laboral del país; y segundo, contratan pequeños ejércitos privados para evitar la organización de los trabajadores”, denunciaron.
Asimismo, afirmaron que “todo esto lo hacen bajo la complicidad de la Fuerza Pública, la inacción del MTSS para garantizar el cumplimiento de los derechos y el silencio del gobierno a estas empresas”.
Por ello, los trabajadores exigen al Ministerio de Seguridad que se posicione inmediatamente ante el actuar de los oficiales de la zona, “que en tres ocasiones han actuado de manera intimidante a los trabajadores, han permitido que se les dispare impunemente y han justificado las acciones de la seguridad privada. Solicitamos enérgicamente, una investigación y que se sienten las responsabilidades sobre la actuación de estos oficiales”.
De esta forma, exigen al Ministerio de Trabajo y al Gobierno la intervención inmediata de la empresa. Esta tiene una cita para conciliación el 6 de abril en el MTSS, por lo que consideran que el Ministerio y el Gobierno deben “sancionar a los dueños de la empresa por sus acciones contra los derechos humanos, obligar el pago inmediato de las prestaciones y el cumplimiento de los derechos laborales a quienes trabajan hoy”.
Además, consideran que esta situación es parte de un debate actual sobre cómo “los empresarios en los hechos han impuesto una dictadura dentro de las empresas, donde cuentan con la libertad de despedir a los trabajadores que se organizan y de contratar oficiales armados para reprimir cualquier reivindicación laboral”.
