Limón, 30 jul (elmundo.cr) – El proyecto de construcción de la nueva terminal portuaria en la playa de Moín por la empresa APM Terminals presenta irregularidades legales y un serio impacto ambiental en la zona, según comentó el abogado limonense José Luis Castillo y la legisladora del Frente Amplio, Ligia Fallas.
Las labores de operación de la empresa en la construcción del nuevo muelle por parte de APM Terminales, así como la extracción de material del Tajo Asunción por la empresa Eco Proyecciones, dieron inicio sin contar con la debida revisión de los estudios de impacto ambiental y por tanto, sin contar con el otorgamiento de la viabilidad ambiental por parte de la Secretaria Técnica Nacional (SETENA), indicaron.
Según Castillo, las normativa que regula los estudios de impacto ambiental tienen como uno de los principales requisitos que la persona física o jurídica interesada en la intervención del terreno sea propietaria del mismo, no obstante el terreno donde se encuentra la cantera que se desea utilizar para la extracción de material que se utilizará en el proyecto, el cual eventualmente se convertiría en el Tajo Asunción se encuentra ubicada en propiedad del Estado costarricense y es zona protegida del manto acuífero de Río Banano.
“La SETENA autorizó inicialmente la apertura del Tajo Asunción, es parte de la corrupción, de oficio el trámite debería haberse rechazado no debía ni haberse recibido la documentación porque los terrenos son estatales, son zona protegida el acuífero del Río Banano”, agregó.
Castillo mencionó que a pesar de que el contrato de concesión inició sin que el proyecto tuviera viabilidad ambiental, cuando la misma SETENA cuestionó a la Contraloría General de la República por haber otorgado viabilidad ambiental, sin tener la aprobación de SETENA, la Contraloría solo se limitó a responder que la verificación de los aspectos de legalidad ambiental, no les corresponde a pesar de que este ente es el encargado de regular la legalidad de Estado.
El proyecto de construcción de la terminal de contenedores tampoco cuenta con estudios del ICE para saber cual es el nivel de consumo de energía eléctrica que se requiere, y como si al proporcionar el nivel de energía eléctrica requerido por la empresa se afectaría el abastecimiento eléctrico de las comunidades limonenses, comentó el abogado.
Castillo indicó que tampoco existe ningún estudio ni de Acueductos y Alcantarillados ni por parte de la empresa para conocer la cantidad de agua necesaria para garantizar las siguientes fases de construcción así como de sus operaciones, y como el uso del líquido podría afectar las cantidades de agua potable disponibles para las comunidades aledañas.
Por su parte la diputada del Frente Amplio, Ligia Fallas, señala que la construcción de este mega proyecto ha generado serios impactos ambientales desde el inicio de la fase constructiva, al alterar el hábitat de varias especies, algunas de ellas en peligro de extinción. La construcción del muelle implica el levantamiento de un muro que divide el océano de la playa, lo cual imposibilita el paso a las cuatro especies diferentes de tortugas que año con año arriban a la playa de Moín para desovar.
“¿Dónde van a llegar estas tortugas a hacer sus nidos, estos años ya han sido difíciles para ellas, pero en años futuros no podrá llegar una sola tortuga, se está haciendo un muro que divide el océano de la playa que hace ya materialmente imposible que una pequeña tortuga pueda acceder desde el océano a la playa, y si llegan a la playa ya se encuentra con un montón de material de construcción. ¿Esta es la Costa a que queremos? ¿Una Costa Rica que tenemos que ver detrás de las rejas porque no hay manera tampoco de que podamos ingresar a nuestras playas?” se pregunta la diputada de forma retórica.
La legisladora del Frente Amplio, insiste en que la empresa APM Terminals miente cuando dice que el proyecto es de bajo impacto, ya que la alteración de los ecosistemas cercanos a playa Moín, donde se encuentran varios humedales así como la zonas cercanas a Río Banano y Río Bananito donde se ubica el Tajo Asunción es inminente.
Según Fallas, el mismo Estado costarricense regaló la construcción de una trocha que conduce hacia el sector donde se ubicará la terminal de contenedores, valorada en más de 13 mil millones de colones y la empresa se comprometió a mitigar el impacto que dicha intervención generaría en la zona, no obstante APM Terminals no ha cumplido con las medidas de mitigación prometidas.
“Nos dijeron que no iba a haber impacto ambiental, después nos dijeron que la carretera iba a ir cubierta por un domo artificial para que la fauna arborícola pasara por encima, y lo que hicieron fue poner cada ciertos metros un tipo de puente peatonal por donde la fauna arborícola tiene que pasar caminando, y la fauna no puede saber donde están ubicados esos puentes peatonales. El día que se inauguraron, se hizo con la muerte de un monito ya que su mamá iba cruzando y su bebé cayó pero la madre no tenía opción de bajar a recogerlo, y la malla colocada alrededor de la calle para la protección de animales, resultó ser una malla de gallinero” comentó diputada.
Según la legisladora, el material para la relleno utilizado en la construcción de la superficie de ruedo de la trocha hacia la terminal de contenedores, la cual tiene una longitud de 3 kilómetros, 60 metros de ancho, y 8 metros de grosor, ha sido retirado de los ríos, lo cual altera su curso, los desestabilizaban y alteran su ecosistema.
“Sabemos que la zona atlántica es inundación tras inundación, derrumbe tras derrumbe, estamos con una inestabilidad en el tiempo en la zona y con miles de familias afectadas. Y este material lo sacaron destruyendo toda la cuna de piedras de los ríos” finalizó Fallas.
A pesar de las presuntas irregularidades legales y ambientales el proyecto de la terminal portuaria así como la explotación del Tajo Asunción, sigue en marcha, luego del levantamiento de las medidas cautelares por parte de la SETENA.
