San José, 26 feb (elmundo.cr) – El viernes en horas de la tarde, el Tribunal Penal de Hacienda y de la función pública comunicó que el próximo lunes se decidirá si se resolverá de forma oral o escrita las apelaciones en contra la suspensión sin goce de salario hacia los alcaldes investigados por su presunta relación al caso Diamante.
El medio de comunicación CrHoy señaló que se requerirá de un análisis complejo y que por ello la decisión no fue posible tomarla el día de ayer, según les comunicó el juez Hugo Porter Aguilar.
En sus palabras dijo que «nos sentimos conformes con la forma en que llevó el caso el juzgador y confiamos en que tomará la mejor decisión y que levantará las medidas». Los diputados entraron en investigación por presuntos problemas con las contrataciones para la construcción y mantenimiento de la red vial cantonal ligados a la corrupción.
El órgano jurisdiccional deberá estudiar las representaciones legales de los imputados, entre ellas, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Los primeros pretenden que se dejen sin efecto las medidas cautelares, que incluyen, impedimento de salida del país, firma periódica en sede judicial así como una prohibición de acercarse a testigos de la causa y a las municipalidades. El Ministerio Público, en cambio, busca que se incremente el plazo de vigencia de las disposiciones de seis meses a un año
Los alcaldes involucrados en el escándalo de supuesta corrupción son Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Humberto Soto Herrera (Alajuela), Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), Arnoldo Barahona Cortés (Escazú) y Alberto Cole De León (Osa).
En el caso también figuran como imputados cinco funcionarios municipales de apellidos Castro Camacho (San José), Boraschi González (Escazú), Chacón Ugalde (Alajuela), Suárez Vásquez (Golfito) y Mayorga Mayorga (Golfito).
