Supuesto extravío de expedientes de cobro judicial involucra desorden y hasta demandas penales

Helio Fallas, ministro de Hacienda; Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos y Marta Monge, directora de cobro judicial de la Dirección General de Hacienda siendo juramentados durante su comparecencia ante la Comisión. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR

Cuesta de Moras, 6 abr (elmundo.cr) – La comparecencia de funcionarios del Ministerio de Hacienda, este jueves, ante la Comisión de Ingreso y Gasto Publico de la Asamblea Legislativa dejó más dudas que respuestas.

Acusaciones de desorden, abuso de poder, acoso laboral y hasta seguimiento policial salieron a relucir durante la audiencia.

El conflicto más evidente fue el que sostienen Priscila Piedra, directora general de Hacienda y Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos con Carole Quesada, subdirectora general de Hacienda y Marta Monge, directora de cobro judicial de la Dirección General de Hacienda.

Los jerarcas fueron convocados y juramentados para que expliquen la supuesta desaparición de alrededor de 7 mil expedientes de cobro judicial.

Priscilla Piedra explicó ante los diputados los antecedentes que existen sobre este tema, incluidos informes de la Contraloría General de la República que daban cuenta del extravío o no ubicación de algunos expedientes que habían sido solicitados, como parte de una auditoría efectuada por ese órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa.

El 9 de enero del 2017, un funcionario del Ministerio de Hacienda remitió un oficio en el que reportó que con base a un conteo preliminar, existía un faltante de más de 7113 expedientes de cobro judicial.

Posteriormente, los titulares de Hacienda recibieron el 15 de marzo del 2017 otro documento con una cifra completamente diferente.

De acuerdo con Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, esa discrepancia fue lo que los impulsó a solicitar a la Auditoría Interna que efectuara un inventario completo de los expedientes de cobro judicial, algo que no se había efectuado en el Ministerio de Hacienda con anterioridad.

La medida, sin embargo, no fue bien recibida por Carole Quesada, subdirectora general de Hacienda quien negó que existiera extravío de expedientes alguno e hizo público que interpuso dos denuncias penales en contra de Priscilla Piedra, a quien acusó de acoso laboral por supuestamente quitarle funciones; y al viceministro por abuso de autoridad al ordenar la auditoría y supuestamente colocar oficiales de Fuerza Pública a que supervisaran que los funcionarios no extrajeran expedientes.

De acuerdo con Quesada, la auditoría fue en realidad una intervención, pues se despojó a los funcionarios de sus llaves de acceso a los lugares donde están los expedientes y además, el personal se siente “aterrorizado” ante la presencia de efectivos de la Fuerza Pública que los vigilan.

La funcionaria dijo además que Priscila Piedra, directora general de Hacienda restó importancia a los reportes de faltantes de expedientes, algo que Piedra negó categóricamente.

Por otra parte, se evidenció una contradicción en las declaraciones de Quesada, pues afirmó que no había desorden en el manejo de los expedientes, pese a que los oficios que daban cuenta de los que supuestamente estaban extraviados dejaba en evidencia que no fue posible ubicarlos, debido a que no se encontraban en el lugar donde se debía.

Inclusive, la Contraloría incluyó dentro de su informe de auditoría fotografías donde mostraba expedientes en el suelo, en pasillos sin ninguna seguridad o en archiveros sin candado.

De acuerdo con los jerarcas de Hacienda, ese informe les evidenció que existían falencias, por lo que procedieron a hacer algunas modificaciones presupuestarias para obtener recursos con el fin de comprar nuevos archiveros. Además, conforme la Auditoría contabiliza los expedientes los sella, garantizando así su integridad.

Las funcionarias inconformes usaron además como argumento, el hecho de que las acciones de los titulares de Hacienda ocasionaban una menor recaudación por concepto de cobro judicial, afirmando que mientras en el 2015 se recaudaron 19 mil millones de colones, en el año 2016 se recaudaron solo 11 mil millones de colones, es decir, 8 mil millones de colones menos.

En su descargo final, Fernando Rodríguez manifestó que esto en su lugar, evidencia que existe una mayor efectividad en el cobro administrativo, etapa previa al cobro en tribunales.

Una vez concluida la audiencia, Rodríguez dijo a EL MUNDO que no era correcto decir, en la actualidad, que existe extravío de expedientes ya que la Auditoría se encuentra haciendo el inventario y es hasta que se entregue el informe, cuando se determinará si en efecto hay expedientes perdidos o no.

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