San José, 3 jul (elmundo.cr) – El superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos afirmó este lunes que aprobar un proyecto de Ley que permitiría a 6000 educadores regresar al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, a costas de golpear el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja (IVM) y las finanzas públicas, es un “cheque en blanco”.
La advertencia la lanzó durante una reunión que sostuvo con diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en la Asamblea Legislativa.
Los congresistas habían pedido a la Supen pronunciarse en vista de que la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) afirma que el impacto del proyecto de Ley es mínimo, mientras que el Gobierno advierte que el golpe rondaría los 588.000 millones de colones, tanto al fondo IVM como a las finanzas públicas.
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Durante la comparecencia con los socialcristianos, Ramos afirmó que no se cuenta con bases de datos de buena calidad para esclarecer el impacto que esta iniciativa tendría sobre el fisco y en la estabilidad financiera del IVM.
“Hacer el cálculo es relativamente fácil, el problema está en la disponibilidad de bases de datos apropiadas para determinar la cantidad de personas que se podrían trasladar de régimen y el consecuente costo que eso tendría”, indicó el Superintendente de Pensiones, según declaraciones recogidas por la oficina de prensa del PUSC.
William Alvarado, diputado jefe de fracción de los socialcristianos afirmó que lo dicho por Ramos los sorprendió, porque en su momento la Jupema dio unos datos a los congresistas que votaron el proyecto en primer debate, al igual que la CCSS y el Ministerio de Hacienda.
“No entendemos como la Jupema le puede decir a la Supen que necesita tiempo para dar las bases de datos, si a los diputados nos dio una estimación sobre los costos del proyecto de ley”, lamentó Alvarado.
El superintendente, inclusive, le señaló a los diputados que los docentes que se beneficarían con este proyecto tuvieron un periodo de amnistía con el cual podían volver al régimen del Magisterio, sin embargo, no lo hicieron.
“Aprobar este proyecto sería como firmar un cheque en blanco porque no hay claridad sobre sus alcances”, señaló el jerarca de Supen.
El jefe del PUSC dijo que ante las dudas del ente regulador y la falta de claridad en los datos, cambiaría su criterio favorable sobre la propuesta.
El proyecto de Ley en cuestión se encuentra suspendido en su tramitación, a la espera de que se publique el nuevo texto en el Diario Oficial La Gaceta, así como una consulta de constitucionalidad planteada ante el Máximo Tribunal.
