San José, 25 jul (elmundo.cr) – Un hombre de apellidos Muñoz Cedeño presentó una denuncia contra un oficial de seguridad privada, que le solicitó recoger las heces que sus perros dejaron en la Plaza de la Justicia, frente a la Corte Suprema de Justicia en San José.
Esto luego de que los magistrados de la Sala Constitucional le rechazaran un recurso de habeas corpus, donde afirmaba que el oficial de seguridad lo amenazó con arrestarlo y decomisarle sus perros si no recolectaba las heces que sus mascotas dejaron en la plaza.
De acuerdo con la sentencia 9315-16 de la Sala Constitucional, el hombre visitó la Plaza de la Justicia con sus tres perros, todos sin correa, y uno de ellos defecó en las zonas verdes.
Ante esto, el oficial de seguridad que vigilaba el lugar le consultó si portaba bolsas para recoger el desecho del animal. Sin embargo el hombre se molestó y le dijo al oficial “¿Quién es usted para que me diga eso?”. Seguidamente se retiró del lugar, sin recoger las heces de su mascota.
El hombre denunció al Poder Judicial ante la Sala Constitucional, inventándose que el oficial de seguridad le dijo que lo iba a arrestar y decomisarle los perros.
Sin embargo, los registros de seguridad que el hombre no pudo desmentir ante los magistrados, arrojaron que él es un visitante ocasional del lugar con sus mascotas y que acostumbra, además de llevarlos sin correa, no recoger los desechos que los animales hacen.
“No se logra constatar que al recurrente se le haya amenazado con privarlo de su libertad, lo que sí se logró evidenciar es que se le advirtió de los deberes que implica pasear a una mascota en lugares públicos, deberes que lejos de coartar su libertad buscan tutelar la salud de los habitantes”, dijeron los magistrados en su fallo.
Sin embargo, el hombre además denunció al oficial de seguridad ante el Organismo de Investigación Judicial. Ahí se tramita el caso bajo el número 16-015927.
Para los magistrados de la Sala Constitucional, lo actuado por las autoridades del Departamento de Seguridad del Poder Judicial se encuentra ajustado a derecho, sin que con ello se observe violaciones a los derechos fundamentales.
Los magistrados afirmaron que el recoger los desechos que hacen las mascotas en zonas públicas es un deber, que lejos de coartar la libertad, busca tutelar la salud de los costarricenses.
