San José, 14 ene (elmundo.cr) – De un total de veinte candidaturas presidenciales consultadas, únicamente cuatro manifestaron su respaldo a la propuesta de los jubilados del Magisterio Nacional para proteger los fondos de pensiones, evitar nuevos desvíos de recursos y defender lo cotizado.
Así lo reveló un seguimiento realizado por la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) a un documento enviado a los equipos de campaña tras un debate en noviembre.
Las candidaturas que apoyaron la iniciativa fueron Ana Virginia Calzada, Ronny Castillo, Douglas Caamaño y, desde el Frente Amplio, Ariel Robles, quien se comprometió a descongelar las pensiones.
En contraste, Luis Amador, Juan Carlos Hidalgo y Boris Molina indicaron que no se adherirían a la propuesta. Un tercer grupo respondió sin adherirse, pero sin rechazarla, mientras que otros candidatos no enviaron respuesta alguna.
La consulta de AJA solicitaba a las candidaturas firmar un pronunciamiento con tres compromisos: reconocer el carácter contributivo de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), condenar el manejo patrimonialista de los fondos y apoyar un proyecto de ley que declare inviolables los fondos de pensiones.
“Los jubilados del Régimen de Reparto no somos pensionados de lujo. Somos trabajadores que cotizamos conforme a la ley durante décadas, en muchos casos con tasas superiores a otros regímenes, y que hoy seguimos aportando incluso después de jubilados. No estamos pidiendo privilegios: estamos defendiendo lo que se cotizó y que fue utilizado para otros fines”, afirmó Miguel Sobrado, presidente de AJA.
AJA recuerda que las cuotas del personal docente fueron utilizadas por el Estado para otros fines entre 1958 y 1992, lo que derivó en recortes y congelamientos. Actualmente, cerca de 30.000 jubilados no han recibido ajustes por inflación en más de cinco años.
La organización insiste en que estas pensiones no son privilegios, sino una compensación por recursos utilizados para otros fines, y anuncia que intensificará su agenda pública y legislativa para promover un proyecto de ley que proteja estos recursos.
