Solicitan medidas cautelares urgentes para proteger a defensor indígena Brörán Pablo Sibar

San José, 12 ago (elmundo.cr) – Organizaciones de derechos humanos presentaron una solicitud urgente ante la Corte para reforzar la protección del defensor indígena Brörán Pablo Sibar, quien enfrenta un riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física.

Sibar es beneficiario de la Medida Cautelar MC 321/12 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2015.

La solicitud responde a un nuevo episodio de despojo territorial perpetrado con la participación activa de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba y la tolerancia de la Fuerza Pública. El pasado 10 de agosto de 2025, dos personas invadieron la finca de Sibar, de aproximadamente 10 hectáreas, destinada a conservación ambiental y gestión comunitaria del agua, alegando respaldo de la ADI.

A pesar de que Sibar posee legítimamente esta tierra desde hace más de 13 años, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, amparándose en una certificación emitida el 7 de agosto por la ADI de Térraba, a favor de personas que no forman parte del pueblo Brörán, documento que ha sido denunciado como fraudulento.

“Hace más de 13 años adquirí esta tierra y la ADI tenía total conocimiento de esto. Lo único que pedimos, exigimos y merecemos es que se haga justicia y que me dejen en paz, que como adulto mayor pueda vivir bien con mi familia. No voy a permitir que se violenten más mis derechos; llevo más de 40 años defendiendo a mi pueblo y no nos vamos a rendir”, declaró Sibar.

Este incidente se suma a un patrón de hostigamiento, amenazas y agresiones contra Sibar, que ha incluido intentos de homicidio, ataques físicos, incendios en su propiedad y campañas de difamación. En 2021, recibió amenazas de muerte similares a las que precedieron los asesinatos de otros defensores indígenas.

Ante el riesgo de confrontación física y la posibilidad de que se repitan hechos fatales, las organizaciones de derechos humanos responsabilizan directamente al Estado costarricense por cualquier daño que sufra Sibar o las personas defensoras que lo acompañan.

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