San José, 6 jun (elmundo.cr) – La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, mostró su preocupación ante un nuevo proceso al que se enfrentó el alcalde de San José, Johnny Araya.
En esta ocasión fue por negligencias graves en el contrato de parquímetros y la inscripción de un carro municipal para uso discrecional.
“Nos parece sumamente preocupante que el alcalde de San José pase de un proceso de investigación a otro” manifestó Guillén, dejando clara su postura de semanas atrás, donde indicaba que el casos Diamante no debía archivarse, más bien, debía abrirse nuevamente la investigación en comisiones legislativas, puesto a que el tema arrojó mucha información preocupante y delicada sobre contratación de obra pública.
La legisladora recalcó la deficiencia en las prácticas que se realizan en distintas municipalidades respecto a la contratación de obra pública, las cuales están generan este tipo de sanciones.
“Creo que esto lo que refleja es que hay un conjunto de malas prácticas en Costa Rica sobre la contratación de servicios o de obra pública donde no siempre existe fundamento técnico, y aunque no es un caso relacionado con el caso Diamante, sí ejemplifica las malas prácticas que hay detrás”, agregó.
“Es por esto que debemos llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones pendientes. No pueden seguir existiendo estas prácticas sin tener consecuencias y sin que esta Asamblea Legislativa haga el control políticos y las recomendaciones que considere pertinentes para que dejen de repetirse”, finalizó la diputada.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), solicitaron ejecutar dos sanciones de suspensión sin derecho a salario, contra el alcalde de San José Johnny Araya.
Al respecto el regidor de la Municipalidad de San José, Diego Miranda, había denunciado que el alcalde Johnny Araya debe cumplir dos meses de suspensión sin goce de salario por negligencias graves en el contrato de parquímetros y la inscripción de un carro municipal para uso discrecional. La suspensión según los magistrados se da por infracciones a normas de hacienda pública.
Específicamente se trata por negligencias graves en el contrato de parquímetros, por 253 millones de colones y la inscripción de un carro municipal para uso discrecional.
