San José, 26 jun (elmundo.cr) – Según los datos del Departamento de Estadística e Información del Ministerio de Justicia y Paz la sobrepoblación en el sistema penitenciario costarricense sigue en crecimiento, y se mantiene en una situación crítica.
En el 2005 el índice de sobrepoblación era de un 4%, mientras que para hoy en día ya alcanza el 54% (un 50% más), lo que se traduce en un aumento del 4.793 personas.
En los centros penitenciarios, existe un total de 13.923 personas privadas de libertad, el mayor nivel de sobrepoblación se ubica en los centros de San Carlos, Alajuela, San José, Cartago; Pococí y Pérez Zeledón.
La Defensoría de los Habitantes y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha venido alertando a las autoridades competentes que la sobrepoblación y el hacinamiento tienen consecuencias graves en los derechos humanos de la población no solo privada de libertad sino también en el personal que labora en el sistema.
El último informe, del MNP, señala que Costa Rica tiene una tasa de 370 personas presas por cada 100 mil habitantes, lo cual sitúa al país en un cuarto lugar a nivel regional (América Latina); situación que debe llamar la atención del Estado costarricense.
A la Defensoría le preocupa que se considere solo la cárcel como la medida adecuada tanto para prevenir como para sancionar el delito; ya que esto implica la reclusión de muchas más personas de lo que la capacidad del sistema permite.
Como bien lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sobrepoblación obstaculiza el normal desempeño de funciones esenciales en los Centros Penitenciarios.
Se ocasiona el deterioro generalizado de las instalaciones físicas; provoca serios problemas de convivencia, y se favorece la violencia intra-carcelaria.
Dificulta que éstos dispongan de un mínimo de privacidad; reduce los espacios de acceso a las duchas, baños, el patio etc.; facilita la propagación de enfermedades; crea un ambiente en el que las condiciones de salubridad, sanitarias y de higiene son deplorables; constituye un factor de riesgo de incendios y otras situaciones de emergencia; e impide el acceso a oportunidades de estudio y trabajo, constituyendo una verdadera barrera para el cumplimiento de los fines de la pena privativa de la libertad.
Todo ello en perjuicio tanto de los reclusos como de los funcionarios que laboran en los centros penitenciarios, debido a las condiciones difíciles y riesgosas en las que desarrollan sus actividades diarias.
La Defensoría está al tanto de que la ejecución del Programa para la Prevención de la Violencia y la Inclusión Social (conocido como el “Préstamo BID) se encuentra actualmente en etapa de diseños de las Unidades Ejecutoras, para iniciar su construcción a finales del 2015 o inicios del 2016. Según lo programado, estas Unidades proveerán alrededor de 1600 nuevos espacios carcelarios, lo cual para la Defensoría no vendrá a solucionar el problema del hacinamiento debido al ritmo acelerado de la sobrepoblación.
