San José, 04 ago (elmundo.cr) – El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) alertó sobre la grave situación de sobrepoblación en el sistema carcelario de Costa Rica, la cual alcanzó el 29.5% al 31 de marzo de este año, según su más reciente informe anual.
El informe revela un aumento sostenido en la población penitenciaria, con una densidad carcelaria general de 129.5 personas por cada 100 espacios disponibles. Esto significa que, aunque la capacidad real es de 13.666 personas, actualmente hay 17.692 personas alojadas en los centros penitenciarios.
La problemática se agrava en ciertos centros penitenciarios, siendo el Nivel Institucional (población masculina adulta) el más crítico, con un hacinamiento del 42.9%. Algunos centros, como el CAI Limón, duplican su capacidad.
En cuanto al Nivel de Atención a la Mujer, por primera vez, el CAI Vilma Curling Rivera presentó una sobrepoblación de 6.6%, mientras que módulos regionales diseñados para albergar mujeres no fueron abiertos o están siendo utilizados para otros fines.
El Nivel Semi Institucional registra una tendencia decreciente, pasando de 4.909 personas en 2016 a 1.585 personas en 2025.
El informe también destaca un aumento significativo en la población en prisión preventiva, que pasó de 2.564 personas en 2022 a 3.993 personas en 2025. La población indiciada representa actualmente el 22.85% del total de la población recluida.
Los datos estadísticos muestran que, si bien el sistema penitenciario presentó cierta estabilidad entre 2017 y 2022, para 2025 se observa un aumento significativo, con un total de 34.855 personas atendidas en los diferentes niveles del sistema penitenciario, lo que implica una tasa de crecimiento del 8.39%.
Un dato relevante es la tasa de prisionalización en el país. Con una población de 5.309.637 habitantes, y una población recluida de 17.692 personas, Costa Rica tiene 333 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. Este índice muestra una tendencia histórica al crecimiento.
El MNPT continuará monitoreando la situación mediante inspecciones a los centros de privación de libertad. En 2024, se realizaron 19 inspecciones, además de capacitaciones, trabajo intersectorial, participación en mesas de diálogo, y emisión de criterios de ley, entre otras acciones.
