San José, 26 ago (elmundo.cr) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) expresaron su profunda preocupación ante el proyecto de ley 24.461, que se debatirá este miércoles en la Asamblea Legislativa, el cual busca reformar la Ley de Radio y Televisión de Costa Rica.
Ambas organizaciones advirtieron que la iniciativa, que establece un canon progresivo de hasta un 7,73% de los ingresos brutos anuales para la televisión abierta, podría imponer una carga económica desproporcionada, poniendo en riesgo la continuidad de diversos medios de comunicación.
“Cuando una decisión regulatoria amenaza la viabilidad de emisoras de radio y televisión abiertas y priva a la población de una fuente gratuita de información, trasciende lo empresarial y afecta directamente la libertad de expresión”, señaló Pierre Manigault, presidente de la SIP.
El texto en discusión ha generado alertas en el sector. Teletica, uno de los medios afectados, advirtió que la implementación de este nuevo canon comprometería severamente su viabilidad económica en la televisión abierta.
Por su parte, el director regional del CPJ para las Américas, José Zamora, enfatizó que “Costa Rica debe garantizar que la regulación del espectro sea razonable y no se convierta en una potencial herramienta para silenciar a la prensa”.
Las organizaciones reconocieron la potestad del Estado para regular el espectro radioeléctrico; sin embargo, subrayaron que cualquier carga debe responder a criterios técnicos, objetivos y proporcionales.
Recordaron además que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión posee una dimensión social, y restringir la operación de los medios limita el derecho colectivo de la ciudadanía a recibir información.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, añadió que “si una medida económica o regulatoria termina haciendo imposible la continuidad de un medio de televisión abierta, el perjudicado no es solamente ese medio: pierde la sociedad, porque disminuyen las fuentes de información disponibles”.
La SIP y el CPJ señalaron que, aunque Costa Rica posee una sólida tradición democrática, en los últimos años han documentado un deterioro en las condiciones para el ejercicio periodístico, marcado por un clima adverso para el debate público y discursos estigmatizantes hacia la prensa.
