Miami, 02 dic (elmundo.cr) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la subasta de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica, al considerar que el mecanismo propuesto “representa un riesgo directo para el pluralismo, la diversidad y el derecho a la libertad de expresión en el país”.
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves anunció la subasta con el objetivo de “democratizar” el uso de los recursos estatales y asegurar que las empresas paguen “lo justo”. Sin embargo, tras el cierre del plazo de licitación, decenas de emisoras anunciaron su imposibilidad de presentar ofertas, lo que, según denuncias, afectará la libertad de expresión y la pluralidad democrática.
La Sala Constitucional ordenó la suspensión temporal de la subasta mientras se resuelve un recurso de amparo. La SIP recuerda que los estándares internacionales establecen que la asignación del espectro radioeléctrico no puede basarse únicamente en criterios económicos o fiscales, ya que esto es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, afirmó que “el espectro radioeléctrico no es un bien comercial sujeto a la lógica de la puja más alta; es un recurso público esencial para la democracia. Un mecanismo que excluye a medios por razones económicas atenta contra la pluralidad y debilita el ecosistema informativo”.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, enfatizó que “los estándares interamericanos son claros: las concesiones deben promover diversidad, no excluirla. Cuando el costo de participar en una subasta deja fuera a emisoras la libertad de expresión se ve comprometida. La democracia necesita todas las voces”.
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) también han expresado su preocupación.
Colper advirtió que el proceso carece de una visión integral centrada en el interés público, mientras que IPLEX señaló que los altos costos definidos por el gobierno están impidiendo la participación de numerosas emisoras, algunas con décadas de trayectoria. Raúl Silesky, presidente de IPLEX, lamentó que “esto va disminuyendo las voces en Costa Rica”.
La SIP también recordó que una misión internacional realizada en enero pasado verificó un ambiente de creciente deterioro de la libertad de prensa en Costa Rica, debido a la estigmatización y los intentos de amedrentamiento al periodismo crítico por parte del Ejecutivo.