San José, 19 mar (elmundo.cr) – De acuerdo con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y en conjunto con el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), manifestaron su oposición al proyecto de ley denominado: Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional, al considerar que “afecta considerablemente a la clase obrera”.
“La ANEP y el SITRAP ven con buenos ojos cualquier medida tendiente a proteger el empleo, pero hace ver que, en orden de prioridad, se debe proteger a los trabajadores. Desde esta perspectiva, criticamos este proyecto de ley, precisamente, porque lejos de proteger a las personas trabajadoras, no hace otra cosa que precarizar las condiciones de trabajo, pero sí favorece los intereses económicos de las empresas” indicaron las organizaciones, por medio de un comunicado.
“En nuestra opinión, el Gobierno debería dirigir sus esfuerzos por ayudar a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas; dándoles facilidades para que puedan enfrentar la crisis, pero sin cargar la factura a los trabajadores que es lo que, a la postre, hace este proyecto de ley. Además, de que el contenido de este último adolece de una serie de falencias que terminan perjudicando, aún más, al sector obrero”, continúa la comunicación.
Las organizaciones señalan que el proyecto de ley no prevé, la posibilidad de que la reducción de la jornada sea negociada con los trabajadores en aquellas empresas donde existe organización sindical.
“Consideramos pertinente que, cuando menos, se exija al empresario solicitante de la autorización que, aparte de la declaración jurada, deberá demostrar la reducción de los ingresos mediante un estudio contable debidamente certificado por un profesional competente, y que éstos sean debidamente verificados por la autoridad competente, previo a emitir la autorización”, indicaron los sindicatos.
Los representes sindicales finalizaron haciendo un llamado a las autoridades políticas para que desistan de esta iniciativa de ley para que en su lugar se convoque a los representantes del sector productivo y sindical a discutir “mejores alternativas que nos permitan enfrentar la crisis con medidas más justas y equitativas, que protejan los intereses de todas las partes y no sólo los de índole económica”.
