San José, 09 jun (elmundo.cr) – En el sector sindical crece el rumor sobre una inminente maniobra para integrar a la exdiputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La posible designación, promovida por sectores gremiales, ha generado alertas en diversos sectores políticos que temen una politización sin precedentes del máximo órgano tomador de decisiones de la seguridad social.
La figura de Alfaro, quien durante su gestión legislativa se distinguió por una férrea oposición a los modelos de externalización de servicios, es vista por sus impulsores como una pieza clave para frenar los proyectos de tercerización que se discuten actualmente para reducir las listas de espera.
Sin embargo, su perfil genera intensos cuestionamientos. Críticos de esta designación señalan que Alfaro representa una postura ideológica de confrontación constante con la modernización institucional y el sector privado.
Este movimiento es analizado por sectores empresariales y políticos como una estrategia para que los sindicatos, bajo la sombrilla del Frente Amplio, logren un asiento con poder de veto en la Caja.
La preocupación central radica en el posible conflicto de interés y el sesgo con el que se abordarían los temas técnicos en una institución que requiere soluciones urgentes y pragmáticas, más allá de agendas partidarias.
Además, el historial de la exdiputada ha sido objeto de señalamientos. Su participación en la comisión legislativa que investigó el caso conocido como “Barrenador” dejó un sabor agridulce en la opinión pública, tras no lograr resultados contundentes en la determinación de responsabilidades, lo que hoy es utilizado por sus detractores para cuestionar su capacidad de gestión en un cargo de tanta sensibilidad técnica y financiera.
La posible llegada de Alfaro a la Directiva de la CCSS se convierte así en un nuevo punto de fricción entre el Ejecutivo y los sectores sindicales. De concretarse este nombramiento, la Caja entraría en una etapa de alta tensión, donde la gobernanza institucional podría quedar supeditada a un pulso ideológico que pone en riesgo la estabilidad del modelo de salud costarricense.
