San José, 30 may (elmundo.cr) – El Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) proponen hacer una modificación a la ley que se aprobó en 2021 para “Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de Edad”, porque consideran que los docentes han sido víctimas de abusos y han perdido su autoridad.
En una entrevista con El Mundo Radio (91.1 FM), la representante del departamento legal del SEC, Gretel Mora, afirmó que “ese derecho de poder llamar la atención se viene eliminando y también es lógico es el arroz y los frijoles de todos y el echo solamente de que me quiten o por lo menos me despidan es un proceso realmente complicado”.
Los sindicatos proponen modificar algunos artículos de la Ley 9999 a través del proyecto N°23.593 con el fin de fortalecer la labor de los docentes en las aulas y así evitar que se den más abusos para los mismos.
“La ley 9999 se amplia tanto que deja muchos vacíos entonces el SEC entra ahorita junto con las otras organizaciones magisteriales en plantear una reforma al articulo 2, 3, 7, 8 y 10, y también deja una adición al articulo 17”, añadió Mora.
Mora señaló que en lo que va del año, 220 docentes han denunciado ante el Sindicato que han sido desplazados de sus puestos debido a esta ley. Ante esta situación, los sindicatos proponen cambios en la ley para que los docentes puedan recuperar su autoridad y garantizar el respeto al debido proceso.
La preocupación principal de los sindicatos es que la ley vigente permite acusaciones infundadas que, en ocasiones, llevan a la reubicación de los docentes sin un debido proceso.
“SEC solicita una modificación a algunos artículos de la ley porque razón porque aquí permite el libre acuso y simplemente al profesor lo toman y lo reubican, y aquí le da también oportunidades muy grandes a los estudiantes de secundaria principalmente y a veces de primaria o padres de familia a cometer injusticias”, enfatizó Mora.
Un dato curioso de resaltar es que según Mora, a la fecha hay alrededor de 8000 docentes incapacitados en su mayoría por episodios de salud mental.
Además resaltó que “es un asunto de no quitar el derecho del niño pero si de que nos den el espacio preciso para poder hacer una buena defensa a los compañeros docentes”.