San José, 19 oct (elmundo.cr) – Esta mañana dio inicio un juicio en el Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José entre Casa de Funerales Vida y el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios (Sithosajudi) por un caso de aparentes dobles deducciones a empleados para ofrecer servicios de sepelio, así como de presuntas retenciones de dinero y usurpación de contratos.
El caso se encuentra dentro del expediente 19-000023-1623-CI, en el que se le imputa a un empresario de apellido Oquendo, presidente de Funerarias Vida, por parte del Sithosajudi. La historia entres ambas entidades nace a partir de un convenio, en el que vendían juntos planes funerarios para funcionarios del sector público; con rebajos en las cuotas que significan un lucrativo aporte millonario a sus operaciones, pero en el 2017 tuvieron una ruptura comercial, lo que los tiene ahora en una instancia civil.
El primero en comparecer en la audiencia realizada hoy, fue el presidente de Funerarias Vida de apellido Oquendo, quien arrancó exponiendo su historia de cómo inicio su negocio en el país, a raíz de una idea familiar que traía desde Colombia, ya que en su país de origen ya se había independizado de la empresa funeraria familiar y había creado Funerarias Vida en Colombia en 1990, lo cual realizaría en nuestro país en febrero del 2022.
Según expone el empresario en su comparecencia, su organización trabajó con distintas cooperativas, sindicatos y asociaciones solidaristas vendiendo paquetes funerarios para organizaciones estatales, recogiendo los dineros mediante el “código deductor” que el Ministerio de Hacienda rebaja al funcionario público. Ellos iban a las instituciones con la autorización de Sithosajudi, pero no eran el único sindicato con el que trabajaban en el país (también de Fuerza y Luz, ICE y AyA), donde los sindicatos se adjudicaban el 10% de la venta y a ellos les correspondía el 90% restante. Hasta este punto, las relaciones iban bien, sin embargo, en el 2017 se presentaron los roces que los tienen en los tribunales.
Oquendo manifestó que encontraron desfalcos económicos con Sithosajudi, ya que ellos recogían el 100% del dinero, para posteriormente transferirles a ellos el 90% correspondiente, pero se presentaron problemas con el trámite. Fue tal así, que lograron llegar a un acuerdo de que el manejara la cuenta bancaria de Sithosajudi, donde para poder ir bajando la deuda que tenían ellos solo se dejarían el 5% de ganancia (inicialmente era el 10%), para así bajar la deuda, lo cual realizó entre marzo y mayo del 2017. “Mi sorpresa fue que me sacaron para manejar la cuenta de ellos del Banco Nacional, donde ya decidieron no pagar nada de todo lo que debían”, manifestó Oquendo.
El presidente de la funeraria, fue claro en recalcar que ellos eran quienes firmaron los contratos con los funcionarios públicos y que el papel de Sithosajudi era el de intermediario. También añadió que firmaron más de 22 mil planes con el Estado, donde siempre ellos se han mantenido brindando el servicio, pese a que Sithosajudi se ha dejado el dinero. Otro aspecto que mencionó, fue que para esa fecha contaban con 300 funcionarios, pero debido a que los ingresos por parte de Sithosajudi eran casi de un 30%, debieron realizar 100 despidos en una semana. “A la fecha si nos llaman, nosotros vamos y damos el servicio por los contratos que se habían firmado”.
“El sindicato dice que ellos cubren, pero los cerca de 11 mil contratos que quedan los cubrimos nosotros. Hemos sufrido una afectación de imagen enorme y hasta llegan a agredir a nuestras funcionarias a nuestras sucursales, porque el sindicato indica que los problemas son por culpa de nosotros. Tuvimos que hacer una demanda penal por la retención de los dineros”, concluyó Oquendo ante las preguntas de su abogado.
Por parte de Sithosajudi, el abogado Jonathan Picado, le consultó al empresario si el acostumbraba firmar contratos sin ver, ya que Oquendo indicó que una exfuncionaria de apellido Reyes le dio un documento, el cual firmó “por ir en precisa”, pero que era algo que ya tenían planeado en contra de su organización, situación donde se cambiarían algunos contratos.
Otro de los que comparecieron en la audiencia fue le perito Álvaro Pérez, quien manifestó que dentro de su estudio se encontró un punto de inflexión donde se reportaban cantidades similares de de afiliados, pero en julio del 2017 se comenzaron a retirar contratos, cerca de 500 y 800, los cuales finalizarían con cerca de 9 mil retiros de acuerdos.
