San José, 14 ene (elmundo.cr) – El Movimiento Sindical manifestó su oposición a Ley de Empleo Público, alegando que el proyecto pisotea la Constitución Política y lleva al país a una esclavitud moderna.
La iniciativa se tramita bajo el expediente 21.336.
Los sindicalistas aseveraron que el proyecto es contrario a la institucionalidad democrática costarricense porque violenta la Constitución Política, los derechos humanos, laborales y sociales.
Asimismo, las organizaciones sindicales se oponen a su aprobación afirmando que el proyecto de ley es antidemocrática, regresiva en materia de derechos fundamentales y socialmente injusta, atropella el Estado Social de Derecho que nos da nuestra Constitución Política.
Para los grupos sindicales, este es un proyecto que evidencia el carácter antilaboral no solo del gobierno del PAC, sino de los partidos políticos PLN, PUSC y los neopentecostales, además utilizado como llave de entrada para la negociación del Gobierno y esas fuerzas políticas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“No tienen problema en elaborar una propuesta autoritaria que convierte a Mideplan en una supraestrauctura jerárquica que elimina la autonomía de toda institución estatal sin tener la experiencia ni la capacidad técnica, colocando la variable política como el eje central en la gestión del recurso humano, para que el Gobierno de turno pueda manipular a su antojo el régimen de empleo del Estado costarricense”, aseveraron.
Además, aseguran que el esquema propuesto viola el principio constitucional de autonomía, al arrebatar a municipalidades y universidades públicas, sus potestades constitucionales para darse una Gobernabilidad propia.
“El proyecto altera el sistema de pesos y contrapesos que la Constitución Política tiene previsto para evitar el uso abusivo de los poderes públicos”, alertó la unión sindical.
También, indicaron que su carácter antidemocrático se manifiesta en la negación del derecho que tienen las trabajadoras y los trabajadores públicos a participar en la definición de sus condiciones de empleo, así como la supresión del derecho de la negociación colectiva. Consolida un sistema de relaciones laborales de corte impositivo, que pone a los trabajadores y trabajadoras en condición de total sometimiento al Estado patrono. Al utilizar la herramienta de a evaluación del desempeño como mecanismo de control e intimidación de la clase trabajadora al convertir dicha evaluación, en parte de los mecanismos desregulatorios para promover despido sin justa causa y en forma inmediata.
Por otro lado, comentaron que la Constitución Política no contiene ninguna prohibición que impida negociar convenciones colectivas en el sector público, y así lo establecen en el mismo sentido, los convenios internacionales 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y otros instrumentos de derechos humanos vigentes en el país. Por el contrario, se reconoce de manera expresa el ejercicio de los derechos colectivos a los servidores públicos.
Igualmente, comentaron que la jurisprudencia de la Sala Constitucional sostiene que estos derechos son inherentes al ser humano por su condición de tal, y le acompañan por su carácter de persona y, por ende, son superiores al Estado mismo. De ahí que el ordenamiento jurídico puede tutelarlos y moldear su ejercicio, mas no eliminarlos o desconocerlos con la simple invocación de que así lo exigen los requerimientos de la organización del Estado.
Asimismo, señalaron que los derechos fundamentales son progresivos y nunca regresivos. Los derechos humanos son irreversibles, queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse. De ninguna manera podría admitirse una exclusión del ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva para las personas trabajadoras del sector público, agregaron.
Costa Rica es suscribiente de la Declaración de los Derechos Fundamentales en el Trabajo, promulgada por la OIT. Y a partir de esta declaración la comunidad internacional reconoce a los derechos de sindicación y negociación colectiva, como derechos humanos fundamentales.
“Rechazamos la precarización salarial que promueve el proyecto, al establecer una opaca y confusa columna salarial global, así como el conjunto de “familias laborales” que serían la base de los agrupamientos salariales. Es obvio que lo único que busca el proyecto es estancar y congelar los salarios del sector público”, explicó.
Agregaron que denuncian que el Proyecto de Empleo Público no pretende ni modernizar, ni garantizar mayor eficacia del sector público, su único propósito es que sea una herramienta fundamental en la política neoliberal de austeridad presupuestaria, así como una estrategia para golpear la organización sindical del sector público.
Las políticas enmarcadas en este proyecto traerán como consecuencia el deterioro en el servicio público que se brinda a la ciudadanía, en áreas vitales, como son la educación, la salud, el acceso a agua potable, el acceso a energía
eléctrica y a las telecomunicaciones afectar el empleo Público es impactar negativamente en la posibilidad de brindar servicios públicos universales y sostenibles, obviamente el interés es abrir una ruta con una clara intensión
privatizadora del Estado Costarricense.
Para los sindicalistas, lo más deplorable que tiene este proyecto de ley es que sienta las bases de un futuro estado dictatorial, donde su sistema de relaciones laborales, le impone a los trabajadores y trabajadoras una sumisión total llevándolos a la condición de lo que se puede llamar la esclavitud moderna, enmarcada dentro del trabajo forzoso que condenan las normas internacionales de la OIT.
Finalmente, advirtieron que las organizaciones sindicales no vamos a permitir que las elites económicas y sus operadores políticos avasallen y desmantelen derechos y mucho menos que acaben con el estado social garante de nuestra convivencia democrática y de estabilidad política, llamamos a las bases sindicales y a la ciudadanía en general a impedir que los diputados y diputadas avancen en su agenda neoliberal y desmanteladora, desde ya nos preparamos para la defensa de la institucionalidad democrática, los derechos humanos, laborales y sociales del pueblo costarricense.
