San José, 11 abr (elmundo.cr) – El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) presentó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta y la presidente ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, por incumplir con la obligación que le establece la Ley para pagar la deuda histórica que el Estado tiene con la institución.
Según se consigna en la denuncia:
“El monto a cobrar ya es una deuda líquida y exigible, como tal, tanto el Estado, así como la propia CCSS, han realizado una serie de “acuerdos” los cuales han sido infructuosos para saldar dicha deuda, misma que al corte del 31 de marzo de 2022 el Estado adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social la suma de ¢2,627,312,003,464.88 (Dos billones seiscientos veintisiete mil trescientos doce millones tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro colones con 88/100), de los cuales ¢2,115,694,977,137.29 (Dos billones ciento quince mil seiscientos noventa y cuatro millones novecientos setenta y siete mil ciento treinta y siete colones con 29/100) corresponden al Seguro Salud y ¢511,617,026,327.60 (Quinientos once mil seiscientos diecisiete millones veintiséis mil trescientos veintisiete colones con 60/100) al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”.
Para Siname, desde que el presidente Chaves asumió el poder, tanto él, como su ministro de Hacienda, “se han negado a pagarle a la CCSS, claramente incumpliendo los deberes que les corresponden”.
“Es importante recordar a la ciudadanía que esta deuda ya ha sido reconocida por diferentes instancias judiciales, donde se ha condenado y obligado al Estado costarricense para honrar esa gigantesca deuda, por lo que indigna la incoherencia entre la realidad y los discursos que ofrece a la ciudadanía anunciando la quiebra de la institución. No hay tal, con pagar ese dinero, la Caja sale adelante como siempre lo ha hecho”, afirmó el doctor Mario A. Quesada, presidente de Siname.
Además, el doctor Quesada también criticó la actitud de la presidenta ejecutiva “quien no se manifiesta ni toma ninguna acción para cobrar estos dineros, que al fin y al cabo, son necesarios para el funcionamiento de la institución, lo que también deviene en un incumplimiento de deberes, amparado en el artículo 339 del Código Penal”.
