San José, 01 jul (elmundo.cr) – El Sindicato de los funcionarios y funcionarias de la Defensoría de los Habitantes, afirmó que “polémicas y fiascos rodearon una pésima gestión de Catalina Crespo al frente de la Defensoría”.
Para el Sidef “la actual Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, ha estado más involucrada en polémicas por sus actuaciones caprichosas y opiniones rebuscadas que por proteger los derechos humanos. Ha sido una gestión que ha puesto a la Defensoría en el nivel de credibilidad más bajo de la historia”.
Ante esto resaltaron que “las múltiples opiniones que consignan los y las habitantes en redes sociales confirman que la gestión de Catalina Crespo como Defensora de los Habitantes es la peor de la historia institucional. Por ejemplo, el periodista Douglas Sánchez comentó en una reciente publicación: “con un desprestigio absoluto donde los ciudadanos no fueron el centro de atención”. Opinión similar expuso en sus redes la socióloga Montserrat Sagot: “desde siempre le quedó muy grande el puesto””, manifestaron.
“También Delfino.cr ha sido enfático en decir que su constante búsqueda de atención mediática y su necesidad de tener siempre una respuesta para justificar cualquier cuestionamiento que se le haga, le jugaron malas pasada en toda su gestión: Criticar el color del uniforme de la policía de fronteras, atender a los grupos anti vacunas sin tener claro los criterios técnicos, cortar su participación en el proyecto para personas con VIH Sida, guardar silencio apenas hubo cambio de administración con temas de ampliación de jornada laboral, pesca de arrastre, combustibles, revisión de la técnica de interrupción del embarazo. Incluso hacer visitas al Presidente de la República para entregarle el informe anual cuando su responsabilidad es pedirle cuentas”, apuntaron.
Asimismo, “cambia de rumbo todos los días. Un día hace visitas a hospitales sin ningún impacto y resultados; al otro lo deja botado y entonces visita parques en los cantones, sin ningún propósito ni planificación. Hace sondeos de opinión pública sobre temas de vacunación sin ninguna incidencia, dijo que estaban cerrados Ebais para que la gente se vacunara, cuando en ese lugar que visitó no reunía las condiciones para las inoculaciones”, aseveraron.
Según el Sindicato, la defensora “vive de las ocurrencias, porque nunca tuvo claro qué son los derechos humanos y cómo se protegen. Ha sido una persona que ha pasado más tiempo defendiéndose ante cuestionamiento de sus acciones con los recursos públicos: investigaciones en la Asamblea, en el Ministerio de Trabajo, en el Tribunal Supremo de Elecciones, en la Sala Constitucional, que lo que haya trascendido de mejora de la institucionalidad pública en favor de los derechos de los y los habitantes”.
Para el Sidef “todo esto ha pasado la factura en el servicio a las y los habitantes al haber debilitado las oficinas regionales, quitar y poner directores en las áreas de defensa de derechos, y romper con la especialidad de las áreas técnicas gerenciales. Así, prácticamente desapareció el Instituto de Educación de Derechos Humanos y la oficina a cargo de la planificación”.
“Por su parte, formó un megadespacho con más de 10 personas asesoras, que vienen y van porque renuncian por diferentes motivos. Y un gran número de movimientos de personal a su gusto y sin más motivación que la de ajustar la organización a sus caprichos e intereses particulares”, denunciaron.
“La Defensora de los Habitantes anunció en días pasados que no tiene interés en reelegirse; sin embargo, deja una institución muy disminuida en cuanto a credibilidad y confianza, desgastada en su ambiente organizacional, entre otros por el ambiente de hostigamiento y persecución laboral imperante y deficitaria en la efectiva atención de su mandato”, lamentaron.
Igualmente agregaron que “el proyecto de ley que anunció en su comparecencia en la Asamblea Legislativa, con el que pretende reducir las áreas de defensa y protección, disfrazado de modernización de la Institución, es una muestra clara de su afán persecutorio e irracional por destruir la institución. Sus acusaciones a las funcionarias y funcionarios por organizarse en un sindicato para protegerse de su persecución, se deben a su incapacidad de asumir la responsabilidad y de recibir críticas por sus actos”.
“Antes de su salida debería de rendir cuentas por tan cuestionada gestión, impregnada con tintes politiqueros y sin ninguna incidencia país, ni en el fortalecimiento de los derechos humanos”, concluyeron.
