San José, 1 jun (elmundo.cr)- La diputada Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana, se presentó esta mañana al despacho del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano, para manifestar su inconformidad y pedir aclaraciones sobre un reciente protocolo de la ONU, que firmó Costa Rica.
Díaz estuvo acompañada de representantes de organizaciones nacionales de defensa de la vida, y en representación de algunos diputados.
El pasado 6 de mayo, Costa Rica se unió al comunicado conjunto sobre la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promoción de la respuesta de género en la crisis del COVID-19.
El protocolo se denomina «Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del COVID-19».
Costa Rica en conjunto con más de 50 países, se unieron para promover y garantizar durante la pandemia, el acceso a anticonceptivos, y la posibilidad de un aborto seguro, donde no peligre la vida de las mujeres.
En dicho protocolo, se aseguró que “a medida que la cadena de suministro nacional e internacional se vea afectada por la pandemia, nos comprometemos a proporcionar productos de salud reproductiva a todas las mujeres y niñas adolescentes. Y también pedimos a los gobiernos del mundo que garanticen el acceso pleno y sin obstáculos a los servicios de salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y niñas adolescentes”.
Cabe recordar que, en Costa Rica, desde el 12 de diciembre del 2019, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la norma técnica que permite la interrupción del embarazo cuando peligra la salud o la vida de la madre.
Ante esto, la diputada señaló que “rechazamos y repudiamos el protocolo ONU-COVID-19 así como cualquier intento de la Organización de Naciones Unidas para promover el aborto”.
“No es de recibo que se aprovechen de la pandemia para condicionar las ayudas humanitarias a los países a cambio de avanzar en este tipo de políticas en América Latina”.
Según explica Díaz, “así se vio reflejado en la respuesta humanitaria Covid-19 presentado por el sistema de Naciones Unidas al Canciller ecuatoriano José Valencia, bajo la falsa denominación de ‘Ayuda humanitaria’”.
Además, aseguró que “incluye una partida de $3.000.000 destinados a capacitar personal de salud para la atención del denominado ‘Aborto Seguro Legal’”, lo cual le parece inaceptable.
Ante esto, Díaz hace hincapié en que es necesario conocer: “¿Cuál funcionario costarricense firmó esa declaratoria? ¿Cuál es el plan de implementación para nuestro país? ¿Nos limitaremos al plan de respuesta humanitaria Covid-19 de la ONU, o nos saldremos del esquema?”.
