San José, 4 nov (elmundo.cr) – La diputada Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó el expediente 22.284, el cual pretende que la Contraloría General de La República sea el ente encargado de nombrar y fiscalizar a los auditores de todas las instituciones públicas, para asegurar que exista un ente responsable y totalmente aparte de cada institución que garantice una efectiva fiscalización.
El proyecto de ley 22.284 pretende una modificación en los artículos números 24 y 31 de la Ley General de Control Interno N° 8292 del 31 de julio del 2002 y sus reformas, así como al inciso a) del artículo 45 de la Ley N° 8292, que modifica el artículo 26 Y 31 de la ley N°. 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del 7 de setiembre de 1994.
“Con estas modificaciones se pretende que la Contraloría General de La República sea el ente encargado de nombrar y fiscalizar a los auditores de todas las instituciones públicas. Con esta reforma nos aseguramos que exista un ente responsable y totalmente aparte de cada institución que garantice una efectiva fiscalización”, enfatizó la diputada socialcristiana.
Además, la iniciativa llegaría a blindar la posibilidad de que se cometan anomalías o abusos con los departamentos de auditoria interna, ya que actualmente estos funcionarios tienen una dependencia total con la institución.
“Pretendemos que exista una mejor y mayor fiscalización de la ejecución del presupuesto en las instituciones, ya que es muy recurrente que no se ejecute todo el presupuesto que se aprueba y que terminamos pagando todos los costarricenses”, dijo la legisladora.
”No podemos permitir que se den más despilfarros y que exista una alta subejecución que terminamos pagando todos los costarricenses por la ineficiencia de las instituciones del Estado, y peor aún, que no existan auditorías que realmente alerten de estas situaciones”, sentenció.
Mediante oficiados enviados por el despacho de la diputada Díaz, se logró comprobar la alarmante subejecución que tienen las diferentes instituciones públicas. Según datos enviados por los departamentos de auditorías consultados, se logró evidenciar el monto de lo no ejecutado por algunas instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) no ejecutó en el 2018 poco más de 215 mil millones de colones, y en el 2019 casi 90 mil millones de colones.
Este proyecto nace después de una investigación que comandó la diputada en la Comisión de la Niñez, en donde se evidenció una serie de irregularidades en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que se agravó con la ineficiente fiscalización y denuncia por parte del departamento de auditoria interno.
